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PROYECTO DE LEY DE LA ABOGACIA

PROYECTO DE LEY DE LA ABOGACIA

INDICE

INTRODUCCION.1MARCO HISTORICO.1INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEY 16793 Y EL DECRETO SUPREMO 100.5DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS NICA.11NUEVA LEY DE ABOGACIA 26 DE JUNIO DE 201312MODIFICACIONES12ARTICULOS MODIFICADOS.13ARTCULO 26.- (REGISTRO PBLICO). I.13ARTCULO 27.- (REQUISITOS PARA EL REGISTRO) I.13ARTCULO 28.- (MATRCULA).14ARTCULO 12.- (ANUNCIO DE LA SUJECIN A HONORARIO).14ARTCULO 14.- (IGUALA).14ARTCULO 15.- (FORMA DE RECLAMO).14ARTCULO 22.- (INSTANCIAS DE ASISTENCIA).14ARTCULO 23.- (EXIGIBILIDAD).15ARTCULO 24.- (DIRECCION GENERAL).15ARTCULO 25.- (ATRIBUCIONES).15ARTCULO 36.- (SANCIONES). I.16MARCO JURIDICO.17CONCLUSION.18BIBLIOGRAFIA.19ANEXO.19

INTRODUCCION.

En el presente trabajo explicaremos la nueva ley de abogaca y los cambios o modificaciones que se realizaron a las anteriores normativas asi como el decreto ley 16793 y el decreto supremo 100 que fueron las ltimos marcos legales para la regulacin del ejercicio de la abogaca.El estudio del derecho es una de las disciplinas ms apasionantes porque engloba una serie de ramas que tienen que ver con el derecho pblico y privado, con el derecho de familia, con el internacional, con el penal, comercial, administrativo otras con materias de otros estudios.Se dice que los abogados tienen la misin de promover los grandes debates en lo pblico nacional e internacional y contribuir al estado de derecho, como estar pendientes de los grandes avances de una sociedad global que cambia de manera permanente.Como toda actividad profesional, tiene que tener normas claras para su ejercicio porque el abogado mediante su trabajo no slo influye en la sociedad sino que afecta de manera positiva o negativa los intereses de las personas y de las instituciones. En este camino se pergean y aprueban leyes para su ejercicio, algunas que con el tiempo merecen reactualizacin y modificacin de acuerdo con la realidad y avances que se dan en toda materia.MARCO HISTORICO.

El marco legal que regulaba el libre ejercicio de la abogaca en nuestro pas, estaba constituido por:- Decreto Ley No. 16793 de 10 de julio de 1979 Ley de la Abogaca aprobado durante la Junta Militar de Gobierno a mando del Gral. David Padilla Arancibia.- Decreto Supremo 26052 de 19 de enero de 2001 Cdigo de tica Profesional para el ejercicio de la Abogaca.La legislacin citada estableca que el procedimiento para el ejercicio efectivo de la profesin deba ser el siguiente:- Licenciatura en Derecho (otorgada luego de haber aprobado la totalidad de las materias correspondientes al pensum facultativo y optar con xito por alguna de las distintas modalidades de titulacin previstas por Resolucin el Consejo Universitario)- Titulo en Provisin Nacional de Abogado (documento que requera de un pago en efectivo de Bs. depositados en cuenta de la Universidad Pblica)- Inscripcin al Colegio Departamental de Abogados (previa presentacin de fotocopias legalizadas de la Licenciatura en Derecho y del Ttulo en Provisin Nacional, Certificados de Notas originales y Deposito de $us. 450 a cuenta del Colegio Departamental de Abogados)- Inscripcin al Colegio Nacional de Abogados (a presentacin de la credencial del Colegio Departamental y el Depsito de $us. 20 a la cuenta de la citada institucin)Estos requisitos hacan que acceder al ejercicio de la profesin resultara por dems oneroso, y tal cual estaba respaldado por toda la funcionalidad institucional y legal que rigi en la Repblica.El Decreto Supremo No. 29783 de 12 de noviembre de 2008 dispuso, bajo el concepto de regular los cobros realizados por los Colegios Departamentales de Abogados, la derogacin de los arts. 9 y 10 del Cdigo de tica Profesional:Art. 9.- (Deber de Inscripcin) El abogado para ejercer la profesin a nivel nacional tiene el deber de encontrarse inscrito en el respectivo distrito judicial de su domicilio, as como en el Colegio Nacional de Abogados. El Colegio del distrito judicial de su domicilio emitir oficio al Colegio Nacional de Abogados y este har conocer a los otros distritos la habilitacin del profesional. Sin embargo el profesional para gozar y usar de los beneficios e instalaciones de un Colegio que no es el de su distrito judicial si deber inscribirse obligatoriamente en el Colegio del distrito judicial al que desea pertenecer. Alternativamente el que por razn del ejercicio de profesin libre tenga que trasladarse temporalmente a otro distrito no requerir de dicha obligacin. El abogado que desee ejercer solamente a nivel regional simplemente deber encontrarse inscrito en el Colegio de Abogados de su respectivo distrito judicial.Art. 10.- (Deber de Pago) El profesional abogado esta en la obligacin de cancelar las cuotas y contribuciones establecidas al Colegio que lo cobija, as como a los colegios de los que desee ser parte o hacer uso de sus instalaciones y beneficios.Con la emisin del D.S. 29783 se produjo una situacin singular en relacin con el cumplimiento que le dieron los Colegios Departamentales y el Colegio Nacional de Abogados. Se suspendi temporalmente el cobro del Deposito de $us. 450 y $us. 20, hasta que por decisin de las juntas directivas de los diferentes colegios se determino que estos cumpliran con lo ordenado por el D.S., estableciendo una Matriculacin Provisional para los abogados titulados que presenten su documentacin segn los requisitos exigidos exceptuando el Deposito bancario en cuestin, hasta que se resolviese un supuesto Recurso de Inconstitucionalidad D.S. 29783 presentado ante un acfalo Tribunal Constitucional. A su vez, se continuo realizando la Matriculacin onerosa, bajo el eufemismo de aporte voluntario: los profesionales abogados que optasen por esta modalidad deban presentar su documentacin completa y hacer el citado pago de $us. 450 de manera directa y voluntaria al Colegio Departamental de Abogados.Es decir que las consecuencias al Decreto Supremo gubernamental fueron: establecer una Matriculacin Provisional cuasi nominal, que no contemplaba el otorgamiento de Credenciales Profesionales, ni su Registro Numeral Sucesivo en la Matriculacin Oficial de los Colegios Departamentales; adems, continuar con el sistema de Matriculacin abolido, bajo el termino de aporte voluntario, reservando para el mismo los privilegios de acceder a los beneficios institucionales: Credencial Profesional, Biblioteca, acceso a los predios, etc.Verificada la insuficiencia del Decreto Supremo No. 29783 y ante la presin de una Comisin de Titulados de vanguardia la misma que impulsa esta Asociacin de Profesionales Abogados de Bolivia (APABOL), que exiga al Ministerio de Justicia resolver esta situacin de incertidumbre e impotencia, es que por fin, se dio curso a un Decreto Supremo que abrogo al anterior y extendi su alcance de cumplimiento.En fecha 29 de abril de 2009, es emitido el Decreto Supremo No. 100/2009 Registro y Ejercicio Libre de Abogados. El mismo establece la creacin del Registro Pblico de Abogados el cual esta a cargo del Ministerio de Justicia y rige a nivel nacional. Asimismo dispone la abrogacin de tres Decretos Supremos, entre ellos el D.S. No. 29783, y del Decreto Ley No. 16793 Ley de la Abogaca; adems deroga los arts. 9 y 10 del D.S. 26052 Cdigo de tica Profesional(1).Resultado de esta disposicin legal, y luego de un prolongado periodo de ajustes logsticos se procedi al juramento de los abogados que presentaron su solicitud ante el Ministerio de Justicia, en el Registro Pblico de Abogados en fecha 20 de julio de 2009, poniendo fin al sistema perverso de lucro institucional por el cual estuvo regida la totalidad de los Colegios de Abogados , entes que lucraron sin brindar servicios de cobertura social ni medica que justificase su el aporte a fondo vaco del cual fueron vctimas los profesionales abogados en el territorio nacional.por: Jos Antonio Sivila Cardenas (abogado, miembro de APABOL)(1) Recordemos que los arts. 9 y 10 del D.S. 26052 haban sido derogados por el D.S. No. 29783 de 12 de noviembre de 2008, pero como el mismo fue abrogado por el D.S. 100/2009, se repiti su derogatoria.

MARCO TEORICO.INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEY 16793 Y EL DECRETO SUPREMO 100.

Existen los siguientes fundamentos de hecho y de derecho; que el decreto supremo 100 es un cuerpo normativo anticonstitucional que pretende regir el ejercicio libre de la abogaca creando creando otro. Registro pblico de abogados a cargo del ministerio de justicia cuyos postulados y efectos tienen carcter general y obligatorio para todos los abogados de Bolivia.el DL 16793, tiene el contenido material de Ley, aspecto por el que precisamente vulnera el principio de reserva legal contenido en el art. 109.II de la CPE y los principios de jerarqua normativa y supremaca constitucional previstos en el art. 410.II del texto constitucional, lo que deviene en su inconstitucionalidad formal; aplicando el razonamiento de que se trata de cuestiones que deben ser reguladas por ley y no por un Decreto Supremo o Resolucin Ejecutiva; dado que, la facultad de emitir o dictar leyes que desarrollen o limiten derechos fundamentales reconocidos por la Constitucin Poltica del Estado, incumbe slo al rgano Legislativo -ahora Asamblea Legislativa Plurinacional- y al rgano Ejecutivo, efectivizar su cumplimiento a travs de la expedicin de los respectivos decretos, sin alterar el desarrollo de los derechos contenidos en las leyes, por corresponderle su reglamentacin o viabilizacion.el Decreto Supremo cuestionado y el Decreto Ley 16793, tienen el mismo objeto y finalidad; empero, en su contenido resultan contrarios, dado que se pretende regular y/o reglamentar aspectos que ya estn determinados por una norma jerrquicamente superior -Decreto Ley-, su modificacin y abrogacin, denotando la inconstitucionalidad e imposibilidad de compatibilizacin que atenta contra el art. 410.II de la CPE, por no ser posible la reglamentacin de un Decreto Ley a travs de un Decreto Supremo.Conforme lo ha precisado la doctrina constitucional una disposicin legal puede ser impugnada de inconstitucional por su origen o por su contenido. En el primer caso, cuando en su elaboracin y aprobacin no se han cumplido ni respetado los procedimientos establecidos por el texto constitucional para tal efecto o se las ha elaborado y aprobado en una instancia o por autoridad no establecida por la Constitucin para tal efecto. En el segundo caso, cuando la disposicin legal, a pesar de haber sido elaborada y aprobada conforme a los procedimientos y formas establecidos por el texto constitucional contienen normas que son incompatibles con los principios y normas de la Constitucin Poltica del Estado.En el gobierno de facto- en que se emiti el decreto ley 16793, cuya finalidad se constituy en el medio para, en ese momento, emitir las normas necesarias a efectos de alcanzar sus fines. Declarada la inconstitucionalidad por la forma del DL 16793 y del DS 0100, debemos tomar en cuenta que en un marco de responsabilidad, inherente a la jurisdiccin constitucional, que consiste en proteger los derechos fundamentales y asegurar la paz social, y a efectos de resguardar el principio de seguridad jurdica de los actos y relaciones de los ciudadanos, es necesario el advertir que la expulsin del ordenamiento jurdico de ambas normas jurdicas conllevara a ocasionar un inevitable vaco jurdico, y por ende perjuicios difciles de dimensionar en las relaciones y actos jurdicos de las personas individuales -abogados y a quienes prestan sus servicios- y personas jurdicas -Colegios de Abogados- por no tener precisamente un marco normativo regulatorio que defina las relaciones emergentes del ejercicio profesional del abogado; ante este efecto previsible, la jurisdiccin constitucional est obligada a que el acceso a los derechos fundamentales -un acceso material tangible y no solamente formal- no se vea restringido o completamente limitado por una declaratoria de inconstitucionalidad de una determinada norma jurdica, ya que su principal deber es precisamente velar por la materializacin de los derechos y garantas constitucionales, es por este motivo que resulta pertinente y necesario, pese a la comprobada inconstitucionalidad formal del DS 0100 y del DL 16793, disponer la subsistencia temporal de ambas normas, es decir, diferir los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad por el plazo de un ao, periodo de tiempo en el que obligatoriamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante el procedimiento correspondiente debe emitir una ley que regule el ejercicio profesional de los abogados y el funcionamiento de sus respectivos Colegios, ya que de no hacerlo, ambas normas quedarn expulsadas del ordenamiento jurdico. Las leyes, teniendo en cuenta su contenido y forma, se distingue la ley material y formal; en la primera, se toma en cuenta el contenido y objeto de la ley, es decir su naturaleza intrnseca, independientemente del rgano o autoridad que elabora o dicta la ley, y la forma se refiere al carcter de la autoridad u rgano que la dicta. Consecuentemente, el DL 16793, por su contenido material adquiere el carcter de una ley, an cuando en su origen no lo sea; dicho de otro modo, un decreto ley es en esencia una ley aprobada y puesta en vigencia a travs de un decreto supremo -emitida por el rgano Ejecutivo- segn sostiene la doctrina y jurisprudencia constitucional, desarrolladas en los citados Fundamentos Jurdicos.decreto-ley, 16793 por su forma no puede considerarse una ley, en el entendido que no emana del rgano competente y segn el procedimiento legislativo correspondiente; por su contenido material, adquiere el carcter de ley, supeditado a que el rgano competente lo eleve a esa categora a travs de las formas establecidas por la ley o en su defecto sea dejada sin efecto o expulsada del ordenamiento jurdico por su incompatibilidad con la Constitucin Poltica del Estado. En consecuencia, el Decreto Ley en examen, resulta inconstitucional en su origen, por haber sido emitido por un rgano que no tiene competencia para ello y al margen del procedimiento previsto en la Constitucin Poltica del Estado y la ley para su expedicin.Segn la doctrina constitucional existen diversas formas de interpretacin como la previsora, la que al ser realizada requiere que, el contralor de constitucionalidad como mximo intrprete de la Constitucin, adopte previsiones sobre los efectos y consecuencias de las decisiones asumidas a partir de la interpretacin , en el caso de autos corresponde a este Tribunal adoptar este tipo de interpretacin, partiendo de la constatacin de dos hechos: el primero, que las disposiciones legales impugnadas en su contenido no son incompatibles con las normas de la Constitucin y, el segundo, que en cuanto a su origen si lo son.en el marco sealado anteriormente es deber de este Tribunal prever las consecuencias que podran generarse a partir de su decisin, pues si, por una parte declara la constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas estuviese convalidando actos inconstitucionales, pero por otro, si declara la inconstitucionalidad con un efecto inmediato que signifique la expulsin del ordenamiento jurdico de las disposiciones legales impugnadas estara generando un peligroso vaco jurdico, cuyo efecto sera ms negativo que el anterior En consecuencia cualquiera de las dos decisiones antes referidas conduciran a resultados inaceptables y de manera que es necesario que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia modulando sus efectos que eviten perjuicios desproporcionados a los bolivianos en el orden jurdico, es decir, evite la generacin de una inseguridad jurdica anulando disposiciones legales sobre cuya base, fundamento y amparo se vienen ventilando procesos judiciales, administrativos, agrarios, peticiones, contratos y otros actos jurdicos.Ahora, teniendo en cuenta el razonamiento expresado precedentemente, es necesario dimensionar los efectos del presente fallo, sin que ello implique un anlisis de fondo de la referida normativa.Finalmente, la declaratoria de inconstitucionalidad, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia constitucional, se efectuar por el fondo o por la forma, en este ltimo caso, el control de constitucionalidad, consiste en efectuar un anlisis desde el origen de la norma, si el rgano emisor es competente para emitir la ley, si se imprimi el procedimiento legislativo previsto por la Constitucin Poltica del Estado para la formacin de una ley, sea desde su elaboracin, aprobacin, promulgacin y publicacin. Dicho de otro modo, implica determinar la validez en la formacin y aprobacin de la ley. sino se aprobara la nueva ley de la abogaca que regule el ejercicio libre de esta profesin, los profesionales abogados tendrn que regirse a la siguiente normativa, el art. 46 de la CPE, dispone que toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, digna, sin discriminacin, en condiciones equitativas y satisfactorias que le asegure para s y su familia una existencia digna y que el Estado proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Asimismo, el art. 23 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, establece que el trabajo, como una de las actividades principales del ser humano, es un derecho y una obligacin que no puede estar supeditado a leyes, instituciones o instancias inferiores que regulen su ejercicio; que el numeral 4 del art. 21 de la CPE establece que uno de los derechos de las bolivianas y bolivianos es la libertad de reunin y asociacin, en forma pblica y privada, con fines lcitos, en ese sentido, el art. 22 del Pacto Internacional de Derechos Civile, el art 16 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos de Costa Rica, seala que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideolgicos, polticos, econmicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra ndole.En el decreto ley 16793 Los Colegios de Abogados procedan al cobro de matrcula, cuotas mensuales y otras percepciones irregulares, impidiendo el libre ejercicio profesional de los abogados que no cumplan con dichos pagos. An ms, la habilitacin del ejercicio profesional dispuesta por los Colegios de Abogados era restringida a una determinada regin, por lo que el abogado estaba obligado a realizar pagos por reinscripcin en los Colegios de otros Distritos, en clara contradiccin a los derechos fundamentales, civiles y polticos establecidos en la Constitucin Poltica del Estado.respecto al art. 15 del DS 100 y el art. 6 numeral 5) del DL 16793, se tiene que el art 15 del DS 100 establece que el registro en el Ministerio de Justicia es el nico requisito para habilitar el ejercicio libre de la profesin, mientras que el art. 6 en su numeral 5) del DL 16793, textualmente sostiene que para ejercer la abogaca se debe estar matriculado y tener obligaciones pecuniarias pagadas conforme a los Estatutos del Colegio de Abogados de su distrito; por lo tanto existe imposibilidad de que ambas normas puedan ser materializadas al mismo tiempo, es ms, el establecer la vigencia de una y la expulsin de la otra conllevara a la limitacin y restriccin del derecho de asociacin, por lo que es necesario dejar sin efecto el numeral 5) del art. 6 del DL 16793, as como la frase el nico requisito exigido del art. 15 del DS 100, para dar mayor eficacia al derecho a la asociacin, posibilitando que el profesional abogado opte por el sistema al que quiera inscribirse, manteniendo adems un marco jurdico que preserva los intereses de la colectividad en su conjunto, dentro del relacionamiento del profesional abogado con la misma.Siguiendo con esta lnea de razonamiento, tenemos que el contenido del art. 3 del DL 16793, al establecer que los profesionales abogados deben matricularse obligatoriamente al Colegio de Abogados del Distrito Judicial en el que ejercen su profesin, est ntimamente relacionado con el citado art. 6 numeral 5), por lo que tambin corresponde dejarlo sin efecto.Actualmente el pleno de la Cmara de Senadores aprob en su estacin en grande el proyecto de Ley del Ejercicio de la Abogaca, una vez que fue consensuado con el Colegio Nacional de Abogados. Como toda ley propugna cambios a las vigentes anteriormente, una que databa de diciembre de 1941 y otra de julio de 1979 que tambin experimentaron modificaciones. La nueva ley plantea, hasta donde se conoce, el registro, el control y la determinacin de proteccin tanto del servicio del profesional abogado como de la sociedad, como pilares fundamentales. Un acpite importante tiene que ver con el registro de los profesionales, tradicionalmente a cargo de los colegios de abogados, aunque mediante norma en vigencia debe realizarse en el Ministerio de Justicia.En principio, la institucin colegiada haba hecho conocer temores en sentido de que la vigencia de los colegios sera anulada y que el Gobierno mediante el ministerio mencionado tendra la intencin de abarcar un amplio espectro para controlar a los profesionales, sin embargo, ha quedado definido que el control del ejercicio profesional, lo llevarn ambas instituciones, o sea que el abogado decidir si es el Ministerio de Justicia o el Colegio el que lo regule.

La regulacin en esta actividad, como en otras, es importante en cuanto a la prevencin de faltas que se comentan en el ejercicio, de tal modo, que se concepten faltas leves, graves y gravsimas, con sanciones de multas, sanciones temporales y otras que no excedan los dos aos.El asunto tico en el ejercicio de la abogaca es fundamental y de esto pueden dar cuenta quienes por diferentes circunstancias de la vida se han visto obligados a acudir a estrados judiciales y contratar los servicios de un abogado. Cuntas veces se ha escuchado de patrocinios inmorales de causas en las que abogados pactan entre s en desmedro de sus clientes, o de promotores de la corrupcin en estrados judiciales o de aquellos que ingresando en la transgresin de leyes penales son parte de grupos de extorsin y de actividades delictivas, como las que fueron reveladas hace poco con la red de corrupcin y extorsin de abogados que operaba desde altos cargos pblicos.La norma tiene que abarcar estos aspectos, debe estar actualizada pensando en el bien comn de la sociedad y promoviendo adems crear una conciencia jurdica profesional que beneficie a los mismos abogados y al colectivo social.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS NICA.

Se abroga el Decreto Supremo 26052, de 19 de enero de 2001 y el Decreto Ley 16793 y el Decreto Supremo 100, de 29 de abril de 2009.Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.La Seora Ministra de Justicia, en su respectivo despacho, queda encargada de la ejecucin y cumplimiento de la presente.

NUEVA LEY DE ABOGACIA 26 DE JUNIO DE 2013MODIFICACIONESEl pleno de la Cmara de Senadores aprob en su estacin en grande el proyecto de ley del Ejercicio de la Abogaca, luego de que fuera consensuado en su integridad con el Colegio Nacional de Abogados.La presidenta de la Comisin de Justicia Plural de la Cmara Alta, Sandra Soriano (MAS) seal que este proyecto de ley tiene el objetivo de regular el ejercicio de esta profesin y el registro de abogados a nivel nacional. "La ley tiene tres objetivos: el registro, el control y la determinacin de proteccin tanto del servicio del profesional abogado como de la sociedad, esos son los tres pilares fundamentales en los que se desarrolla este proyecto de ley".El proyecto ingres al debate legislativo luego de que se llegara a un acuerdo con el Colegio Nacional de Abogados, que observ, inicialmente, el registro y el control del ejercicio profesional a cargo del Ministerio de Justicia.No obstante, el proyecto de ley define que el registro, efectivamente, lo debe realizar el Ministerio de Justicia, mientras que el control del ejercicio profesional lo llevarn adelante ambas instituciones, ya que el jurista ser quien decida si es esta cartera de Estado o el Colegio de Abogados el que lo regula. El proyecto de ley establece faltas leves, graves y gravsimas que se pueden cometer en el ejercicio de la abogaca, pero para ninguna de stas se define una sancin que supere los dos aos de suspensin. El documento consta de 56 artculos, cuatro disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una atribucin abrogatoria.esta norma es el resultado del trabajo consensuado mediante el dilogo con el sector involucrado, la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Justicia.

ARTICULOS MODIFICADOS.

ARTCULO 26.- (REGISTRO PBLICO). I.

Las abogadas y los abogados de todo el Estado Plurinacional de Bolivia debern registrarse ante la Direccin General del Ejercicio de la Abogaca.II. Las abogadas y los abogados que se hayan matriculado en algn colegio o asociacin y no estuvieran registrados en la Direccin General del Ejercicio de la Abogaca del Ministerio de Justicia tendrn el plazo de un (1) ao para registrarse, a partir de la promulgacin de la presente Ley.III. La Direccin General del Ejercicio de la Abogaca requerir la cooperacin de los colegios y asociaciones, as como de las entidades de educacin superior pblicas o privadas, quienes debern otorgar la informacin y documentacin solicitada en forma oportuna y gratuita.ARTCULO 27.- (REQUISITOS PARA EL REGISTRO) I.

Para registrarse en la Direccin General del Ejercicio de la Abogaca, las abogadas y los abogados deben presentar los siguientes documentos:a) Carta de solicitud de registro al Ministerio de Justicia.b) Fotocopia legalizada del ttulo en provisin nacional.c) Fotocopia simple del ttulo acadmico.d) Fotocopia simple de la cdula de identidad.e) Fotocopia simple de la libreta de servicio militar (para varones).d) Hacer el depsito por reposicin de costos a establecerse por resolucin ministerial.ARTCULO 28.- (MATRCULA).

La Direccin General del Ejercicio de la Abogaca, a tiempo de registrar a la abogada o abogado asignar el nmero nico de matrcula de la credencial, que le habilitar para el ejercicio libre de la profesin en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, sin ms requisitos.ARTCULO 12.- (ANUNCIO DE LA SUJECIN A HONORARIO).

Toda abogada y todo abogado anunciar en el primer escrito que presente en cualquier proceso o trmite legal si tiene honorario acordado o iguala pactada o si se atiene al arancel mnimo.El Ministerio de Justicia, mediante Resolucin Ministerial aprobar cada dos (2) aos el arancel de honorarios profesionales de la abogaca, el que ser publicado en un medio de circulacin nacional. II. En caso de que la abogada o el abogado y su patrocinado no hubieran acordado el honorario profesional, regir el arancel de honorarios profesionales de la abogaca.ARTCULO 14.- (IGUALA).

La iguala profesional en ningn caso podr exceder el diez por ciento (10%) del valor del bien litigado.ARTCULO 15.- (FORMA DE RECLAMO).

La abogada o el abogado que no fuese satisfecho en el pago de sus honorarios podr reclamar el pago ante el juez o tribunal que tramit la causa, a efecto se regule el honorario, se declare la mora y se ordene el pago, siendo aplicables las normas del proceso ejecutivo.ARTCULO 22.- (INSTANCIAS DE ASISTENCIA).

La Direccin General del Ejercicio de la Abogaca, as como los colegios o asociaciones de abogadas y abogados, ofertarn en el departamento donde residen la atencin gratuita a personas de escasos recursos, las listas de sus inscritos, pudiendo toda abogada o todo abogado ofrecer su disponibilidad ante tribunales en forma directa y en la materia de su especialidad.Este proyecto de Ley tambin detalla en que los abogados y las abogadas en ejercicio libre de la profesin, podrn prestar atencin gratuita a las personas de escasos recursos econmicosARTCULO 23.- (EXIGIBILIDAD).

Antes de la inauguracin del ao judicial, las abogadas y los abogados que cuenten con un ao de antigedad, a partir de la entrega de su matrcula y se encuentren en ejercicio libre, estn obligados a defender a personas privadas de libertad y a quienes as lo disponga la o el juez o tribunal en procesos penales, civiles, laborales, agroambientales o de familia, salvo motivos legales de excusa, conforme a la norma procesal civil. A tal efecto la Direccin General del Ejercicio de la Abogaca har conocer los domicilios procesales de los abogados recin titulados al Tribunal Departamentales de Justicia correspondiente.El incumplimiento del deber de brindar patrocinio gratuito, ser sancionado como falta grave.ARTCULO 24.- (DIRECCION GENERAL).

Crase la Direccin General del Ejercicio de la Abogaca, dependiente del Ministerio de Justicia, con competencia a nivel nacional y sede en la ciudad de La Paz, pudiendo crear oficinas en los departamentos del pas.

ARTCULO 25.- (ATRIBUCIONES).

Son atribuciones de la Direccin General del Ejercicio de la Abogaca las siguientes:1.Conocer y resolver, a travs de su tribunal de honor en primera instancia, los procesos disciplinarios contra las abogadas y los abogados que no se encuentren registrados en un colegiado o asociacin de abogados.2.Conocer y resolver, en ltima instancia, las resoluciones de los tribunales de honor de los colegios o asociaciones.3.Ejecutar y dar cumplimiento, cuando corresponda, a las sanciones disciplinarias impuestas conforme a la presente Ley o las inhabilitaciones especiales impuestas de conformidad al Cdigo Penal.4.Elaborar, organizar y actualizar, permanentemente el registro de abogadas y abogados en el pas, formando un expediente para cada profesional.5.Vigilar el adecuado funcionamiento de colegios y asociaciones de abogadas y abogados conforme a la presente Ley.6.Conocer y resolver las solicitudes de autorizacin de cambio de abogada o abogado patrocinante dentro de una causa, trmite o proceso judicial.7.Aprobar peridicamente el arancel mnimo nico de honorarios de abogadas y abogados.ARTCULO 36.- (SANCIONES). I.

En una primera oportunidad las faltas leves sern sancionadas con la llamada de atencin. La reincidencia ser sancionada con la multa de medio salario mnimo a depositarse en una cuenta bajo tuicin de la Direccin General del Ejercicio de la Abogaca.La inobservancia del deber de informar y el incumplimiento al deber de brindar patrocinio gratuito, establecidos en el artculo 49, se sancionar conforme seala esa misma norma.II. Las faltas graves sern sancionadas con la multa. La reincidencia se sancionar con la suspensin temporal de tres a seis meses en el ejercicio profesional.III. Las faltas muy graves sern sancionadas con la suspensin temporal de tres a seis meses en el ejercicio profesional. La reincidencia se sancionar con la suspensin temporal de seis meses a un ao.IV. La inhabilitacin especial establecida de conformidad al Cdigo Penal dar lugar a la cancelacin de la matrcula.MARCO JURIDICO.

Que el Pargrafo I del Artculo 109 de la Constitucin Poltica del Estado determina que todos los derechos reconocidos en la Constitucin son directamente aplicables y gozan de iguales garantas para su proteccin. Que el Pargrafo I del Artculo 46 de la Constitucin Poltica del Estado dispone que toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, digna, sin discriminacin, en condiciones equitativas y satisfactorias que le asegure para s y su familia una existencia digna. El Pargrafo II del citado Artculo expresa que el Estado proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Asimismo, el Artculo 23 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, establece que el trabajo como una de las actividades principales del ser humano, es un derecho y una obligacin que no puede estar supeditado a leyes, instituciones o instancias inferiores que regulen su ejercicio. Que el numeral 4 del Artculo 21 de la Constitucin Poltica del Estado establece que uno de los derechos de las bolivianas y bolivianos es la libertad de reunin y asociacin, en forma pblica y privada, con fines lcitos. En ese sentido, el Artculo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos dispone que toda persona tiene derecho a asociarse libremente, asimismo, el Artculo 16 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos de Costa Rica seala que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideolgicos, polticos, econmicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra ndole. Que el Artculo 410 de la Constitucin Poltica del Estado expresa que todas las personas naturales y jurdicas, as como los rganos pblicos, funciones pblicas e instituciones, se encuentran sometidas a la Constitucin. En este marco, es funcin del Estado Plurinacional de Bolivia, regular e implementar el registro pblico de profesionales, a travs de los rganos competentes del sector pblico. Que el numeral I del Artculo 172 de la Constitucin Poltica del Estado establece que el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, debe cumplir y hacer cumplir la Constitucin y las Leyes. CONCLUSION.

La regulacin en esta actividad, como en otras, es importante en cuanto a la prevencin de faltas que se comentan en el ejercicio, de tal modo, que se concepten faltas leves, graves y gravsimas, con sanciones de multas, sanciones temporales y otras que no excedan los dos aos. El asunto tico en el ejercicio de la abogaca es fundamental y de esto pueden dar cuenta quienes por diferentes circunstancias de la vida se han visto obligados a acudir a estrados judiciales y contratar los servicios de un abogado. Cuntas veces se ha escuchado de patrocinios inmorales de causas en las que abogados pactan entre s en desmedro de sus clientes, o de promotores de la corrupcin en estrados judiciales o de aquellos que ingresando en la transgresin de leyes penales son parte de grupos de extorsin y de actividades delictivas, como las que fueron reveladas hace poco con la red de corrupcin y extorsin de abogados que operaba desde altos cargos pblicos. La norma tiene que abarcar estos aspectos, debe estar actualizada pensando en el bien comn de la sociedad y promoviendo adems crear una conciencia jurdica profesional que beneficie a los mismos abogados y al colectivo social. El anteproyecto de Ley de la Abogaca es atentatorio para los abogados colegiados y se puede analizar una aparente intencin de hacer desaparecer a las instituciones colegiadas que el anteproyecto de ley establece que el Tribunal de Honor nacional sea elegido por el Ministerio de Justicia y, adems, impone a los abogados como una obligacin la asistencia legal gratuita, exige un informe auditado sobre la legitimidad de sus bienes y les obliga a tramitar una nueva personera jurdica, 90 das despus de la aprobacin de la ley. El Ministerio de Justicia no tiene ninguna competencia para reconocer personeras jurdicas y se olvida que el Colegio de Abogados de Chuquisaca tiene personera desde 1904, pero si bien el ministerio de justicia se encargara de la regulacin del ejercicio de la profesin del abogado asi como los registros y los aranceles lo que no puede hacer es prohibir la libre asociacin establecida en la propia Constitucin Poltica del Estado. La intencin del gobierno de querer convertir a los abogados en funcionarios del ministerio de justicia ya que estara sujeto al control fiscalizacin y registro as tambin se observo la pretensin de que los abogados sean juzgados por instancias del ministerio de justicia y no as por los tribunales de tica de los colegios de abogados.BIBLIOGRAFIA. Constitucion Politica del Estado Plurinacional de Bolivi Declaracion universal de derechos humanos, Naciones Unidas. Derechoteca .com

ANEXO.

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