Corrupcion, Vladivideos – [PDF Document]

  • CORRUPCIN, ESTADO DE DERECHO Y PODER JUDICIAL EN EL PERReflexiones a propsito de un vladivideoReynaldo Bustamante AlarcnSumario.- I. A modo de introduccin: la revelacin de unvladivideo; II. Corrupcin y crisis del Estado de Derecho peruano.El sometimiento del Poder Judicial; 2.1.Qu debemos entender porcorrupcin?; 2.2. El modelo normativo de Estado de Derecho: lareferencia a un modelo, 2.3. La crisis del Estado de Derecho en elPer. La dependencia del Poder Judicial; III. La realidad polticaperuana del ltimo quinquenio; IV. Las interpretaciones culturalesde la sociedad y de la poltica; V. La legislacindesinstitucionalizadora y la corrupcin del Poder Judicial en elPer; VI. A modo de conclusin; VII. Bibliografa I. A MODO DEINTRODUCCIN: LA REVELACIN DE UNVLADIVIDEOUno de los llamados 1 que se exhiben en la segunda legislaturaordinaria del Congreso de la Repblica del Per en el ao 2000,muestra a Vladimiro Montesinos, hombre fuerte del rgimen delentonces Presidente Alberto Fujimori, y a la sazn responsable enlos hechos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en unaconversacin con uno de los Vocales de la Corte Suprema de laRepblica del Per. Dicha conversacin se llev a cabo el 19 de mayo de1998 en una de las oficinas del SIN y fue grabada subrepticiamentepor orden de Vladimiro Montesinos en un vladivideo.Parte sustancial de la conversacin se refiere a un procesojudicial en trmitedonde confluyen intereses de empresas francesas, estadounidensesy peruanas. Dicho Vocal haba sido llamado conforme a ley paraemitir una decisin que dirimiera la discordia que se habapresentado entre los otros Vocales que conocieron el proceso. Consu voto se configurara una sentencia definitiva que resolvera elconflicto y dara por concluido el proceso. La parte pertinente dela conversacin que se registra es la siguiente2: _ Montesinos.- Cmoest? _ Vocal.- Bien. (…) _ Montesinos.- (…) anoche elPresidente quiso conversar con usted, estuvoesperando casi hasta las tres de la maana. Estaba sumamenteinteresado en resolver este problema porque (…) ya se convierteen un problema de Estado,Artculo publicado inicialmente en: Derecho & Sociedad, AoXIII, N 19, Lima, 2001. 1 Con el nombre de fueron denominadospopularmente los videos que Vladimiro Montesinos mand grabar,subreticiamente, para reproducir las reuniones que mantuvo condiferentes personajes en las oficinas del Servicio de InteligenciaNacional del Per. 2 El texto que se reproduce a continuacin ha sidoextrado de la Transcripcin del Video No. 892, del 19 de mayo de1998, exhibido en la Segunda Legislatura Ordinaria del 2000, delCongreso de la Repblica del Per.
  • porque aqu hay de por medio dos pases y un tercer pas que es elPer. Ac Estados Unidos, Francia y el Per, si bien es cierto es ellitigio de 2 empresas, perdn, de dos gobiernos, hay interesados enla solucin del litigio.Y nosotros como gobierno peruano, como Estado peruano, estamosen el medio del problema, por qu? Porque Estados Unidos es garantedel Protocolo de Ro de Janeiro. Y el Estado peruano en estemomento, por el problema con el Ecuador, le conviene, como Estado ylos intereses nacionales, que ese garante no nos excepte y podamosllegar al treinta, a la firma del Protocolo con el Ecuador. Laposicin americana est caminando un poco por ese lado y la otracontrapartida no nos interesa absolutamente nada._ Vocal.- Se tiene que… _ Montesinos.- La poltica del pas enlo que es, digamos, los interesesnacionales y objetivos nacionales son cuestiones de Estado.Entonces, est en estos momentos en manos tuyas un problema quetransborda lo meramente jurisdiccional, ya entra en juego interesesnacionales, estatales… (ininteligible)… en las cuales hay quever de nuestra perspectiva y ptica.(…)Por eso que anoche lamentablemente ya no se pudo comunicarcon usted el Presidente de la Repblica, no pudo hablardirectamente, pero ahora yo le transmito el encargo, porque tieneen sus manos un asunto que est en juego, ya no el Poder Judicial,sino un poco la imagen del pas y sobre todo el problema de laseguridad nacional, por qu el problema de la seguridad nacional?Porque nosotros tenemos como objetivo que el treinta de este mestiene que resolverse el tema con el Ecuador y Estados Unidos es unapieza clave porque es el pas ms importante de los cuatro pases,entonces la solucin de ese problema tiene que darse y eso lo tieneusted que entender de una perspectiva, ya no es una perspectiva…(ininteligible)… pero ya cuando hay intereses nacionales…_ Vocal.- La opinin no cuenta. _ Montesinos.- Ya no cuentalamentablemente la opinin, o sea hay queapuntar en el sentido del objetivo nacional, por eso me hepermitido convocarlo y explicarle las razones de estado que hay enestos momentos, transmitirle la preocupacin del Presidente de laRepblica que incluso ha querido hablar personalmente con usted,pero lamentablemente no se pudo hacer anoche, pero ahora no hapodido venir ahorita. El seor… (ininteligible)… no ha podidovenir ahorita porque recin, ha llegado de Chiclayo, debe haberllegado al Grupo Ocho, debe haber llegado hace media hora, est enPalacio, debe estar ac dentro de dos horas y yo le voy a transmitirlo que he conversado con usted, le he comunicado la posicin delgobierno sobre un asunto que es bastante delicado, entonces lo quequeremos, doctor, le voy a ser muy claro y muy sincero, es lasolucin de este problema antes del treinta, porque le interesa alpas y bsicamente es… (ininteligible)… est en juego el intersnacional (…)_ Vocal.- Muy bien, el gobierno americano… _ Montesinos.- Ases, a nosotros no nos interesa los franceses (…) porque conellos no tenemos relaciones comerciales, consulares, militaresni de ninguna naturaleza, no hay absolutamente nada, o sea de unaperspectiva prctica, objetiva e imparcial, es un pas de otrocontinente, es un pas que no tiene nada que ver con otra ptica, notiene nada que ver con el Ecuador, no tiene nada que ver con elFondo Monetario, ni con el Banco Mundial, no tiene que ver nada conOEA, ni con Naciones Unidas, no est en el mbito de la esfera
  • de la competencia, de lo que es Amrica Latina, entonces es untema de palabras mayores._ Vocal.- Porque en juego est la empresa. _ Montesinos.- Pero esuna empresa que obedece a intereses del gobierno, noes una empresa en la cual el gobierno norteamericano pueda decirque no tiene inters. Tiene un inters, por qu? Porque los interesesforman parte del grupo del conglomerado econmico…(ininteligible)… una empresa que tiene un lobby, un grupo depresin al interior de la administracin del presidente Clinton._ Vocal.- Claro. _ Montesinos.- Estamos hablando ya de un asuntode un gobierno frente a otrogobierno, estamos hablando ya de dos personas jurdicas, sifueran Pedro, Juan, no ya ac hay peticiones de gobierno, entoncescon las peticiones de gobierno nosotros tenemos que ponerlo en elplatillo de la balanza qu es lo que conviene ms para los interesesdel Per, no para los intereses de una empresa, los interesesnacionales; y los intereses nacionales pasan obviamente por lasolucin de las peticiones que nos hacen, porque eso nos da unacapacidad de maniobra para poder hacer la contrapartida en un puntoque s le interesa al pas, que es este tema del Ecuador. Entonces sihay un pedido, nosotros accedemos al pedido, nos da la oportunidadde que hagamos la rplica y la dplica, entonces le decimos te hemossolucionado el problema y ahora nosotros queremos esto. (…)_ Vocal.- Ya es un problema nacional. _ Montesinos.- Ya este esun problema nacional y al problema nacional hayque darle una solucin nacional. _ Vocal.- Claro es otrocontexto. _ Montesinos.- Ya es otro contexto y en ese sentido,doctor, yo invoco sucapacidad de comprensin como peruano que en el entendimiento deeste problema que ahora es de mayor amplitud, van en juego muchascosas que tienen que ver con el inters del pas, sino no lehubiramos molestado… (ininteligible)… porque usted ha visto queyo soy una persona que casi ni me meto, a pesar de ser abogado,trato de mantenerme alejado y ajeno a las cosas que ocurran…(inintelegible)… en el rgano jurisdiccional. Pero ya en estoscasos uno tiene que intervenir directamente y conversar (…).Das despus este Vocal emiti su voto a favor de los intereses dela empresanorteamericana, dirimindose as el conflicto que se habasuscitado entre los otros Vocales y configurndose una sentenciadefinitiva que puso fin al proceso.La revelacin de este y otros puso de manifiesto elsometimiento en el que haba cado el llamado Poder Judicial, enmanos del gobierno o poder poltico de turno, dando lugar a una delas crisis ms graves de la historia peruana, cuyos efectos sufrimosan3.3 Diego Garca-Sayn, Ministro de Justicia del Gobierno deTransicin que sigui al del depuesto Presidente Alberto Fujimori,dijo al respecto lo siguiente:
  • Nuestro propsito, en el presente ensayo, es partir de estaexperienciaresumida en dicho para reflexionar en torno a la corrupcin, elEstado de Derecho y el Poder Judicial en el Per. Para ello noshemos planteado un mbito temporal: el segundo perodo presidencialde Alberto Fujimori que va del ao 1995 al ao 2000 y que secaracteriz por una marcada divergencia entre el modelo formal onormativo del Estado de Derecho y su correspondencia con larealidad.Tal divergencia nos impulsa a realizar un anlisis que vaya msall de loestrictamente jurdico, pues si bien este aspecto debe ser tenidoen cuenta (porque lo involucra o afecta) el fenmeno de la corrupciny la crisis del Estado de Derecho lo trascienden al punto de queresulta necesario analizar otros factores. Por ese motivo nuestroanlisis tendr en cuenta la realidad poltica peruana, lasinterpretaciones culturales de ella y de su sociedad, as como elaspecto jurdico correspondiente4.La aproximacin a la realidad poltica peruana en el quinquenio enestudionos permitir indagar sobre los factores polticos oinstitucionales que contribuyeron a la destruccin del Estado deDerecho en el Per y determinar en qu medida la corrupcin fue causao efecto de su crisis. En el caso especfico del Poder Judicial,esta aproximacin nos permitir apreciar los factores polticos oinstitucionales que contribuyeron al sometimiento del PoderJudicial al gobierno de turno.Las interpretaciones culturales de la sociedad y de la polticaperuana nosayudarn a indagar sobre los factores sociales o culturales quecontribuyeron a la generacin de una de las peores crisisinstitucionales y morales de la historia peruana. Es decir, nospermitirn explicar por qu la sociedad peruana no avizor o, lo quees peor, por qu no actu eficazmente para impedir el surgimiento dela ilegalidad y de la corrupcin en formas y niveles tan alarmantes,generalizados, sistemticos y estructurales que llevaron a ladestruccin del Estado de Derecho.Finalmente, la aproximacin al aspecto jurdico permitir verificarcmo el Derecho fue utilizado por el rgimen del entonces presidenteAlberto Fujimori, para socavar la institucionalidad democrtica y elEstado de Derecho en su conjunto, especialmente para someter alPoder Judicial. Constataremos as la presencia de una (caracterizadapor la emisin y utilizacin de una serie de normas de alta nocividadsocial) e indagaremos sobre los factores jurdico-polticos que laposibilitaron.del Estado. Y al apoderarse de este ncleo, indudablemente,cambia la naturaleza, la estructura y las complejidades del procesode corrupcin.>> (GARCA-SAYN, D. Presentacin sobre eldiagnstico de la corrupcin en el Per. Discurso pronunciado en laPrimera Conferencia Nacional Anti-corrupcin. Lima, 26-29 de juniode 2001, publicado en el Portal de Protica:www.portal-pfc.org/recursos/conf_corrup_peru/cap6sayan.htm). 4 Enese sentido, y siguiendo a CSAR MANZANOS BILBAO, nuestro ensayopretende ser un estudio socio-jurdico que aporte una perspectivaamplia y que atienda a la totalidad, multiplicidad y diversidadinterpretativa del fenmeno social en estudio (MANZANOS, C.Introduccin a las cuestiones metodolgicas en los estudiossocio-jurdicos. En: Derecho y Sociedad, Valencia: Tirant lo Blanch,1998, p. 225. Vid tambin: FARIAS, M Jos y Otro. Sistemas jurdicos yelementos para un anlisis sociolgico. Madrid: Universidad CarlosIII de Madrid Boletn Oficial del Estado, 1996, p. 32 ysiguientes).
  • En la elaboracin de nuestro ensayo hemos tenido en cuenta lostrabajos de politlogos, socilogos y juristas, especialmenteperuanos, as como los casos de corrupcin y de vulneracin del Estadode Derecho que se encuentran registrados. Sin perjuicio de ello,los hechos que se exponen son fcilmente verificables al haber sidode conocimiento pblico por parte de la comunidad internacional.Hechas estas precisiones procederemos a aproximarnos a lacorrupcin y a lacrisis del Estado de Derecho en el Per, para referirnos luego alos factores que contribuyeron a su desarrollo o gestacin en elperodo en estudio.II. CORRUPCIN Y CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO PERUANO.EL SOMETIMIENTO DEL PODER JUDICIAL 2.1. Qu debemos entender porcorrupcin?Preguntarnos acerca de la nocin de corrupcin, de lo que es enesencia,parecera ser una cuestin balad, pues al igual que los trminosequidad o justicia, todos parecen saber lo que estos trminossignifican, aunque no puedan definir exactamente todo lo que susrespectivos significados encierran. Sin embargo, no han sido pocoslos esfuerzos de quienes han tratado de explicarla. As, porejemplo, JOS MARA SIMONETTI da cuenta de diversas disquisicioneslingsticas para definir la corrupcin segn sus races etimolgicas5.Otras, en cambio, han preferido abordarla teorticamente tratando deencontrar sus rasgos caractersticos a travs de la distincin entrelo pblico y lo privado: 6. Por eso, segn esta perspectiva, nocualquiera puede ser corrupto, ni mucho menos corruptor en elsentido antes indicado. Por otro lado, al restringir el concepto decorrupcin a la afectacin del inters pblico, se deja de ladodiversas situaciones anmalas o transgresoras que se presentantambin en la esfera privada (como en una escuela, en una asociacindeportiva e incluso en la propia familia). Por ese motivo, hayquienes en lugar de definir la corrupcin (es decir, de determinartodo lo que ella es, en todos los mbitos de la existencia), hanpreferido ms bien aproximarse a las determinaciones sociolgicas dela corrupcin, sealando simplemente que ella genera una serie derelaciones sociales 7, refirindose a procedimientos reglados 8.5 SIMONETTI, J. M. Notas sobre la corrupcin. En: Corrupcin deFuncionarios Pblicos Pena y Estado. Buenos Aires: Editores delPuerto S.R.L., 1995, p. 174-178. 6 SIMONETTI, J. M. Ibid., p. 182.7 SIMONETTI, J. M. Ibid., p. 191. 8 Ibid.
  • Otras posturas, en cambio, tienen una visin mucho ms light sobreel fenmeno de la corrupcin. La conciben como un fenmeno autnomo,tpico, de comportamiento disfuncional, cuya presencia debe seranalizada a partir de determinados niveles de tolerancia posibles,por encima de los cuales recin resultara preocupante. 9. De estamanera todo criterio de legalidad o de moralidad queda excluidos oreducidos a su mnima expresin importando tan slo el grado deafectacin econmica producido para determinar si aquella esrelevante. Todos estos son criterios sesgados acerca de lacorrupcin. En nuestra opinin, la corrupcin es aquel comportamientoo conjunto de conductas que rompen o transgreden las normas moraleso jurdicas con el propsito de obtener un provecho ilcito propio oajeno, sea en la esfera privada o pblica, mediante la colaboracin ola conquista de la conciencia de otro. Implica pues que setransgreda una norma, sin importar que sta sea moral o jurdica, oque la conducta ilcita se d en el mbito privado o pblico. Basta quese busque un provecho ilcito propio o ajeno, mediante latransgresin de una norma y con la colaboracin de otro, para que laconducta sea corrupta. All, donde se acte solo, sin el auxilio deotro, podr haber otra forma de conducta ilcita, igualmentereprobable y condenable, pero no corrupcin. 10 Por otro lado, lageneralizacin del fenmeno de corrupcin y los problemas que ellaocasiona, ha hecho que algunos investigadores analicen sin se tratade una causa o de un efecto. As, ENRIQUE GHERSI, luego de acusarque el anlisis de la corrupcin ha sido realizado de manerasuperficial, sostiene que:119 SIMONETTI, J. M. Ibid., p. 183. 10 SIMONETTI, J. M. Ibid., p.176. 11 GHERSI, E. La corrupcin es efecto, no causa. Artculopublicado el 4 de junio de 2001 en la siguiente pgina webb:http://www.elcato.org/corrup_ghersi.htm
  • En nuestra opinin, si bien la crisis del Estado de Derecho y losinconvenientes para satisfacer las necesidades individuales osociales pueden contribuir a generar situaciones de corrupcinhacindola aparecer como un efecto, tambin es cierto que el fenmenode la corrupcin intensifica la crisis del Estado de Derecho,acentuando mucho ms los inconvenientes para satisfacer esasnecesidades es decir, apareciendo as como una causa ms de losmismos. Se trata pues de un crculo vicioso en la medida que lacrisis del Estado de Derecho contribuye a generar situaciones decorrupcin, y la corrupcin coadyuva a acentuar la crisis del Estadode Derecho. Sin perjuicio de ello, consideramos que la aproximacinal fenmeno de la corrupcin sera incompleta si slo se atiende a sumanifestacin externa sea como causa o como efecto. No olvidemos quela corrupcin implica un comportamiento humano, por ello, es en elser humano en quien tambin debemos poner nuestros ojos, si deverdad queremos tener una visin completa de este problema. Al fin yal cabo, actuar en forma corrupta requiere de una decisin delindividuo para optar entre transgredir una norma con el propsito deobtener un provecho ilcito, o simplemente actuar conforme a ella,aun en el supuesto de que con ello afecte su bienestar material. Elfenmeno de la corrupcin implica, pues, una opcin valorativa que nosdebe remitir a la formacin de valores en el individuo y, con ello,a los espacios de donde adquiere esos valores: la familia, laescuela, la religin, la sociedad, etc.Con este exordio, estamos en condiciones de introducirnos almodelonormativo del Estado de Derecho, para seguidamente hacerreferencia a la crisis del Estado de Derecho en el Per y al papelque la corrupcin ha tenido en su configuracin.2.2. El modelo normativo del Estado de Derecho: La referencia aun modelo 12. Con estas palabras ELAS DAZ sostiene desde la dcadadel sesenta que no es suficiente que un Estado funcione con unsistema jurdico para ser caracterizado sin ms como Estado deDerecho. 13El Estado de Derecho supone como mnimo un Estado donde el podertantopblico como privado se encuentra regulado y limitado por elordenamiento jurdico. Una nocin que se contrapone a cualquier formade poder absoluto y totalitario o de cualquier Estado con poderilimitado, en el sentido de poder no controlado jurdicamente oinsuficientemente regulado y sometido al Derecho14.Pero qu es el Estado de Derecho? La doctrina ha visto en l unconceptoesencialmente controvertido, entre otras cosas porque tiene unacarga valorativa o se12 DAZ, E. Estado de Derecho y sociedad democrtica. Madrid:Taurus, 1998, p. 29. 13 Ibid. 14 Cfr.: DAZ, E. Ibid.
  • refiere a realidades que se valoran y porque est compuesto pordistintos elementos a partir de los cuales se configura suconcepto15.Sin perjuicio de ello, hoy en da existe consenso de que elEstado de Derecho,tras su institucionalizacin de modo coherente luego de laRevolucin Francesa y la consolidacin del concepto de derechosfundamentales, supone: (i) el imperio del Derecho; esto es, de laConstitucin y de las leyes; (ii) la separacin y equilibrio de losllamados poderes del Estado (es el caso del Ejecutivo, Legislativoy Judicial); (iii) la actuacin de la Administracin segn la ley y susometimiento al control judicial; y (iv) el reconocimiento,proteccin y vigencia real o efectiva de los derechosfundamentales16.Este es el modelo normativo o formal del Estado de Derecho,encontraposicin con el modelo fctico o real del mismo, es decir,de cmo funciona en la realidad.En el modelo formal el poder se encuentra limitado y controlado,apareciendolos derechos fundamentales como su razn de ser, como sufinalidad ms radical. En l los derechos representan el objetivo yel criterio que dan sentido a los mecanismos jurdicos y polticosque constituyen un Estado de Derecho. Es por ello que este conceptose relaciona con la democracia, pues, es en dicho sistema donde seproducen las mejores condiciones para la idea de separacin yequilibrio de poderes, los lmites al poder y, en general, para elreconocimiento, proteccin y vigencia de los derechosfundamentales17.El modelo formal o normativo es, pues, un modelo prescriptivo,en contraposicin con el modelo fctico o real que es ms biendescriptivo y que apunta a explicar cmo funciona el Estado deDerecho en la realidad social.Entonces, para terminar de caracterizar el modelo normativo oformal del Estado de Derecho, podramos decir que all donde el poderno se encuentre limitado y sometido al Derecho, o donde no existaun efectivo control judicial de su ejercicio, donde no haya unaclara separacin y equilibrio de poderes o donde no se respeten losderechos fundamentales o stos no tengan una vigencia real oefectiva; entonces, no existir un Estado de Derecho. En el casoperuano, este modelo normativo del Estado de Derecho se encuentrarecogido en los artculos 3 y 43 de la Constitucin peruana, loscuales adscriben al Per como un Estado democrtico de Derecho. Sinembargo, lo que importa en este ensayo es verificar en qu medida elmodelo normativo del Estado de Derecho se correspondi con larealidad vivida en el Per durante el perodo en estudio. En esesentido, nos interesa determinar: cmo se 15 ANSUTEGUI, F. J. Lasdefiniciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales,en: Sistema, N 158, Madrid, setiembre 2000, p. 92. 16 Vid, en esesentido: DAZ, E. Op. cit., FERNNDEZ, E. Hacia un conceptorestringido de Estado de Derecho, en: Sistema, N 138, Madrid, Mayo1997, p. 101-114; y ANSUTEGUI, F. J. Op. cit., p. 91-114. 17PECES-BARBA MARTNEZ, G. Curso de Derechos Fundamentales, TeoraGeneral, con la colaboracin de Rafael de Ass y otros, UniversidadCarlos III de Madrid – Boletn Oficial del Estado, Madrid, 1999, p.328.
  • comport el Poder Judicial y las dems instituciones del Estadodurante dicho perodo? Qu papel le cupo a la corrupcin en ese lapsode tiempo? Se respetaron los derechos fundamentales? Hubo uncontrol efectivo del ejercicio del poder? Esas y otrasinterrogantes intentarn ser resueltas en las lneas que siguen acontinuacin. 2.3. La crisis del Estado de Derecho en el Per. Ladependencia del PoderJudicial Vivimos hoy una fase de crisis de los sistemas polticosdemocrticos. El finde los regmenes comunistas en los pases del Este y la crisisideolgica de los partidos de izquierda en los pases occidentales,dan cuenta del triunfo del capitalismo, por un lado, y de laliberal-democracia por el otro. Y, sin embargo: 18Estos elementos y estas promesas son esencialmente dos: enprimer lugar, elcarcter representativo de los sistemas polticos, o sea, sucapacidad de representar a la sociedad y de realizar la voluntad dela mayora; en segundo lugar, la sujecin a la ley de los poderespblicos, el control de la legalidad de sus actos y su actuardirigido a la tutela y satisfaccin de los derechos fundamentales.Dos requisitos que, como bien anota LUIGI FERRAJOLI, corresponden aotras tantas dimensiones del paradigma democrtico: la de lademocracia poltica y representativa y la del Estado de Derecho,entendido ste como sistema de lmites y de vnculos idneos paraimpedir la formacin de poderes absolutos, tanto pblicos comoprivados, en garanta de los derechos fundamentales de todos19. Lacrisis simultnea de estos dos elementos se expresa en ladivergencia entre el modelo normativo del Estado de Derecho y sufuncionamiento de hecho, es decir, su correspondencia con larealidad. En el Per este problema se ha visto plasmado en losltimos aos en una crisis de la legalidad del sistema poltico, enuna falta de identidad democrtica de los partidos, en una acentuadapresencia del centralismo y del autoritarismo, as como en unacrisis de valores plasmada fundamentalmente en diversas formasllamativas, generalizadas y estructurales de la corrupcin quedescalifican el ordenamiento jurdico-poltico peruano como autnticoEstado de Derecho. Efectivamente, con la cada del denominadopudimos verificar las dimensiones alcanzadas por la corrupcin en elpoder poltico y por las colusiones de ste con el narcotrfico, losgrupos de poder y otros poderes invisibles. Esta situacin nospermiti comprobar que el Estado peruano era una fachada delegalidad y representatividad detrs del cual haba crecido un seudoEstado clandestino, dotado de sus propios cdigos, normas yrecursos, organizado en centros de poder ocultos, destinados a laapropiacin de la cosa pblica y caracterizado por la corrupcin y laviolacin de derechos fundamentales. Vivamos as en un Estado18 FERRAJOLI, L. El Estado Constitucional de Derecho hoy: Elmodelo y su divergencia de la realidad. En: Corrupcin y Estado deDerecho. El papel de la jurisdiccin, p. 15. El Estadoconstitucional de Derecho hoy: El modelo y su divergencia de larealidad, traduccin de Perfecto Andrs Ibez, en: AA.VV. Corrupcin yEstado de Derecho: El papel de la jurisdiccin. Perfecto Andrs Ibez(editor), Trotta, Madrid, 1996, p. 15. 19 Ibid.
  • paralelo y oculto que contradeca todos los principios de lademocracia poltica y del Estado de Derecho, desde el principio delegalidad, la divisin y equilibrio de poderes, la responsabilidadde los funcionarios pblicos hasta el respeto por los derechosconstitucionalmente protegidos20.Las investigaciones realizadas luego de la cada delhan sacado a la luz pblica la crisis institucional y moral msprofunda y perturbadora que haya sufrido el Per desde la guerra conChile, si no de toda su historia Republicana. Talesinvestigaciones, precedidas muchas veces por los llamados , hanpermitido comprobar cmo la ilegalidad, la corrupcin, elsometimiento de los medios de comunicacin y de las institucionespblicas, la convivencia con el narcotrfico, con los grupos de podery otros poderes invisibles, alcanzaron formas generalizadas,sistemticas y estructurales que nos permiten sostener sinambigedades que en el Per no se vivi un autntico Estado deDerecho21. Como lo seala LUIGI FERRAJOLI: 22.20 Al respecto, resultan elocuentes las palabras del Presidentedel Gobierno Transitorio del Per, que sigui al depuesto PresidenteAlberto Fujimori: (PANIAGUA, V. Discurso de inauguracin pronunciadoen la Primera Conferencia Nacional Anti-corrupcin. Lima, 26-29 dejunio de 2001, publicado en el Portal de Protica:www.portal-pfc.org/recursos/conf_corrup_peru/cap6sayan.htm). 21 Slocomo referencia, 8 meses despus de iniciadas las investigaciones,el nmero de stas ascendan a 168. De esa cifra, 94 eraninvestigaciones preliminares a nivel del Ministerio Pblico, esdecir en la etapa previa a la judicial; 67 tenan ya instruccionesabiertas ante la Judicatura. Adems, existan por lo menos 7comisiones en el Congreso que se encontraban investigando tambinlos casos de corrupcin vinculados a Vladimiro Montesinos y AlbertoFujimori. En dicho perodo de tiempo el universo de investigadosascenda a 624 personas, lo cual hizo de aquella unamegainvestigacin, pues no haba en el Per precedente alguno de unainvestigacin con tantos investigados. De esos, 356 se encontrabanen el mbito de la Fiscala y 271 ante el Poder Judicial. (Datostomados de: UGAZ, J. C. Procurador Ad-hoc anti-corrupcin. Datos delas investigaciones expuestos en la Primera Conferencia NacionalAnti-corrupcin. Lima, 26-29 de junio de 2001, y publicados en elPortal de Protica:www.portal-pfc.org/recursos/conf_corrup_peru/cap6sayan.htm). 22FERRAJOLI, L. Crisis del sistema poltico y jurisdiccin: lanaturaleza de la crisis italiana y el rol de la magistratura. En:Corrupcin de Funcionarios Pblicos Pena y Estado Buenos Aires:Editores del Puerto S.R.L., 1995, p. 115.
  • En el caso de los rganos estatales vinculados al servicio dejusticia, esta crisis de institucionalidad se manifest, mucho msque nunca, en una escasa, sino carente, independencia judicial y enel constante acoso del ejecutivo sobre los rganos de justicia, loscuales estaban vinculados a los nocivos incentivos y presiones delgobierno. ste llev adelante una serie de y en el denominado PoderJudicial y en otros rganos vinculados al servicio de justicia (comoel Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura,el Ministerio Pblico, la Academia de la Magistratura, etc.) que,aparentando una lucha contra la corrupcin y la flexibilidad de losjueces y fiscales frente a los casos de terrorismo, as como labsqueda de una aparente modernizacin, permitieron al gobiernocontrolar en la prctica las instancias de gobierno y/o dejurisdiccin de todos los rganos vinculados al sistema dejusticia.En el caso concreto del Poder Judicial, este control seefectiviz a travs de ladenominada Comisin Ejecutiva del Poder Judicial (producto de lade ese poder del Estado) y de la designacin generalizada ymayoritaria de jueces provisionales (que respondan a los interesesdel gobierno al ser funcionarios cercanos al poder Ejecutivo) entodos los niveles del servicio de justicia, incluyendo a los de laCorte Suprema de la Repblica. Esta dependencia o control se vioreflejada tambin como lo demuestran los en , conversaciones ,recompensas y diversas formas de o de castigos23.En suma, el en el que vivamos no slo distaba mucho de ser unEstado de Derecho, sino que era una apariencia de legalidad dondeimperaba el autoritarismo, la corrupcin, el sometimiento de lasinstituciones pblicas y de los medios de comunicacin, donde sevulneraban los derechos fundamentales de las personas y donde elpoder poltico apareca coludido con grupos econmicos y otros poderesocultos en perjuicio de la cosa pblica y del bienestar social.Esa es la crisis que vivi el Per y cuyos efectos se sufren an.Paracomprenderla debemos atender a los factores que sirvieron decaldo de cultivo para su gestacin, a fin de encontrar solucionesadecuadas para superarla y evitar que se repita. Las lneas quesiguen intentan cumplir con ese propsito.23 Como hemos mencionado, el gobierno autocrtico presidido porAlberto Fujimori emple la reforma para consolidarse en el poder yamenazar a los opositores del rgimen. Los problemas mencionadosfavorecieron esta situacin. El Poder Judicial fue usado por elfujimorismo para realizar un manejo autoritario del Estado. Esdecir, se utilizaba a magistrados supuestamente independientes paratomar medidas que favorecan los intereses de quienes estaban en elpoder. El crecimiento de la corrupcin en el Per no puede explicarsesin tomar en cuenta esta subordinacin y manipulacin del PoderJudicial.Sin embargo, es necesario precisar que la denominada reformajudicial tena como fines declarados, pero nunca cumplidos, atacarlos problemas estructurales del servicio de justicia. Existi unplan ideal de reforma con objetivos que apuntaban a hacer del PoderJudicial un rgano confiable frente a la poblacin. No obstante,dicho plan fue empleado como un mero producto de marketing polticoante la comunidad nacional e internacional, que ms temprano quetarde fue descubierto como un plan de control poltico destinado aeliminar toda forma de independencia judicial. (CASTRO, M. ReformaJudicial en el Per en el contexto de la transicin democrtica.Presentador del caso peruano, a nombre de la Comisin Andina deJuristas, en el II Foro temtico Regional sobre Gobernabilidad parael Empoderamiento de los Pobres. 30 de octubre – 1 de noviembre de2002. Publicado en el Portal del Banco Mundial:www.bancomundial.org/foros/sdadcivil/web/peru.htm).
  • III. LA REALIDAD POLTICA PERUANA DEL LTIMO QUINQUENIOEl ao 1995 encuentra al Per en una campaa electoral para elegiral Presidente de la Repblica y a los Congresistas del prximoquinquenio. Fue una campaa muy controvertida con rasgos muyparticulares respecto de sus predecesoras. As, desde los lejanostiempos del Presidente Legua, era la primera vez que se presentabaun intento de reeleccin presidencial; la crisis de los partidospolticos, originada en la dcada anterior, dio lugar a que dejarande ser los actores principales para ser reemplazados por frentesimprovisados u organizaciones extraas y pintorescas que, adems,eran el reflejo de la crisis de representatividad y del exitosodesconcierto que el poder autoritario impuso entre vastos sectoresde la poblacin peruana, con el respaldo de buena parte de losmedios de comunicacin.Esta campaa concluy con el triunfo del presidente-candidatoAlberto Fujimori, posibilitando as su segundo perodo presidencial.Los hechos que caracterizaron a este rgimen fueron los siguientes:1. Prosigui el duro ataque contra la institucionalidad del pas quehaba empezado en 1992 con el autogolpe del 5 de abril, y que semanifest entre otros hechos en el cese de la Contralora General dela Repblica, en la destitucin de los integrantes del Tribunal deGarantas Constitucionales, en el cese de trece Vocales de la CorteSuprema, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura,del Fiscal de la Nacin, del Banco Central de Reserva, entreotros24.Este ataque frontal contra la institucionalidad trajo graveperjuicios al pas, siendo un ejemplo de ello los problemas que tuvoque vivir el Per cuando estall el conflicto con el Ecuador y queencontr a la Cancillera peruana diezmada y desarticulada. Enefecto, a menos de cuatro meses para la primera vuelta electoral de1995, se inici un conflicto fronterizo con el Ecuador que arroj portierra algunas de las afirmaciones ms contundentes y las accionesms definidas del gobierno de Alberto Fujimori. Para los hombres delrgimen, la globalizacin haba transformado radicalmente lasrelaciones entre los pases y, por tanto, la diplomacia tendra queorientarse hacia lo econmico.Esta fue una de las pocas e insustanciales razones parapretender justificar laincalificable e ilegal decisin de eliminar de un plumazo aciento diecisiete diplomticos entre ellos a treinta embajadoresdebilitando a una institucin directamente vinculada a la defensanacional. As, el Per enfrent el nuevo conflicto fronterizo con unaCancillera disminuida por accin exclusiva del gobierno, cuyasmedidas se haban inspirado, adems en el prejuicio, el resentimientoy la ignorancia.24 As por ejemplo, con relacin al ataque contra la jurisdiccinconstitucional, el constitucionalista peruano CSAR LANDA afirma en1998: «Nunca antes como ahora el ejercicio del poder polticogubernamental ha llegado a amenazar y a cuestionar la propiajurisdiccin constitucional, como ha quedado evidenciado en losltimos aos () Dicho en otras palabras, muestra los lmites delcontrol constitucional del frgil Estado de Derecho peruano,administrado por las mismas autoridades que en 1992 no tuvieronreparo en quebrantar la institucionalidad constitucional,clausurando entre otros organismos constitucionales al Tribunal deGarantas Constitucionales, por considerar que sus resoluciones noeran conformes con el proyecto poltico y econmico promovido por elgobierno y los poderes fcticos». (LANDA, C. Proteccin de losderechos fundamentales a travs del Tribunal Constitucional, en:Pensamiento Constitucional, Lima: Pontificia Universidad Catlicadel Per, A0 V N 5, Noviembre de 1998, p. 79 y 80).
  • El Canciller un empresario exitoso no slo careca de experienciadiplomtica, sino que tampoco posea la experiencia poltica necesariapara enfrentar este tipo de problemas25. La realidad mostr no sloque la diplomacia era necesaria, sino que el ser un empresarioexitoso no hace a un individuo experto en todo, ni capaz deenfrentar cualquier gnero de problemas. 262. Tambin caracteriz estos tiempos la crisis de los partidospolticos, su incapacidad para construir un frente democrtico frenteal presidente-candidato por el deseo de mantener la , as como ladivisin de la oposicin en aras de un proyecto maximalista. Enefecto, los partidos fueron incapaces de construir un frentedemocrtico que derrotara al autoritarismo del presidente-candidato.Como seala ARIAS QUINCOT, el exceso de utopa maximalista (es decir,la bsqueda de obtencin total de los objetivos propios) unido aldeseo de mantener la propia , arruinaron las posibilidades de lasfuerzas democrticas. Un frente unido, antidictatorial, una listaplural y con personalidades independientes (que nunca seconstituy), poda haber jugado a ganador y, aun en el caso de que elgrupo poltico del gobierno hubiera obtenido mayora en el Congreso,se hubiera podido enfrentar con mucho ms eficacia al rgimen27.No slo fue negativa la divisin de la oposicin en muchascandidaturas.Algunos altos representantes de los partidos se dedicaron alanzar ataques contra el principal candidato opositor a Fujimori,olvidando al parecer que el objetivo de la campaa electoral era,para los partidos, derrotar al presidente-candidato. Los dirigentesde los partidos no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos. Noentendan al Per informal, micro empresario, que haba surgido comoconsecuencia de la crisis de 1980; por lo tanto, su discurso noimpact a las masas.3. Esta poca estuvo marcada tambin por un fuerte autoritarismo,dondelas instituciones del Estado estuvieron sometidas a lasdecisiones del presidente Fujimori. Se vivi un autoritarismodepositado en manos de una sola persona, que se encontraba 28. Ensntesis, su gobierno fue una dictadura, sustentada en un aparentesistema democrtico de electorales, en un aparente respeto de lasreglas y procedimientos de una verdadera democracia, a la que truc,suplant y caricaturiz.4. El neoliberalismo autoritario, y la tecnocracia fueron otrade lascaractersticas del rgimen. ste present al neoliberalismo y a ungobierno fuerte como dos requisitos para alcanzar una economa sanacon eficiencia y desarrollo. Se25 ARIAS QUINCOT, C. Per: Entre la utopa y el cinismo. La eternapugna entre Maquiavelo y Toms Moro. Lima: Fundacin Fiedrich Ebert,1996, p. 131. 26 ARIAS QUINCOT, C. Ibid., p. 132. 27 Ibid., p. 136.28 NEIRA, H. El mal peruano: 1990-2001. Lima: SIDEA, 2001, p.171.
  • postul, adems, un gobierno de ajenos a los partidos o a lallamada para incrementar la eficacia.Estos elementos fueron parte del discurso oficialista de oponerla eficacia oeficiencia a la institucionalidad democrtica, lo cual resultefectivo, sobre todo, en un pueblo pauperizado y deseoso desobrevivir como el peruano, caracterizado por las deformacionessocioculturales autoritarias producto de su historia.5. Adems, se explot el . En efecto, los sentimientosautoritarios o totalitarios se refuerzan cuando una sociedadvive situaciones de desorden generalizados: crisis econmica,recesin o hiperinflacin, violencia poltica y, sobre todo, sensacinde desgobierno. Fujimori explot este miedo a lo largo de sutrayectoria en el poder. Se present como el guardin del orden, eladalid contra la violencia y el garante de la gobernalidad; locual, en la mente de muchos, si bien era costoso (autoritarismo,exceso de poder, comportamientos antidemocrticos, etc.), era partedel precio que se deba pagar para no desaparecer como pas.6. Podemos decir que parte del discurso oficial (gubernamental)que sedifunda y que caracteriz todo este perodo, se resuma en lassiguientes ideas: i) La legalidad es una simple cuestin formal y,por tanto, carente deimportancia; ii) Las instituciones del pas pre-Fujimori sonineficientes, corruptas ydeban sufrir una radical transformacin; iii) En economa existendos alternativas: el neoliberalismo tal como loaplica el rgimen, o el populismo que casi inevitablementeconduce al y, por ende, a la recesin29;iv) La defensa de los derechos humanos constituye una maniobrade quienes buscan defender solapadamente la subversin;v) Los opositores al rgimen son que buscan volver a un populismocatico que slo trae desempleo y recesin, o sino son defensoresocultos de la tradicional;vi) Los partidos polticos son, en s mismos, negativos, etc.30 7.Otra caracterstica importante de este perodo es el reforzamientodelpapel de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia. Enefecto, desde que asumi el poder, Alberto Fujimori llev adelante ungobierno civil con una fuerte presencia militar, particularmentedel Ejrcito, y con una creciente influencia del Servicio deInteligencia Nacional (SIN)31. Se trataba, pues, de un gobiernocvico-militar con un papel importante del SIN.Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que, desde 1991Fujimori busc lamanera de ejercer algn tipo de control sobre las FuerzasArmadas, designando para29 Con se conoci a aquellas posturas o personas prximas osimpatizantes del antecesor de Alberto Fujimori en la Presidenciade la Repblica del Per: Alan Garca Prez que llev adelante unapoltica populista que sumi al pas en una de las crisis econmicas msgraves de su historia. 30 Vid: ARIAS QUINCOT, C. Op. Cit., p. 134.31 ROSPIGLIOSI, F. Montesinos y las Fuerzas Armadas Cmo controldurante una dcada las instituciones militares. Lima: Instituto deEstudios Peruanos, 2000, p. 142.
  • los puestos cables a militares cercanos a su entorno. Ello selogr a travs de la aprobacin de la nueva ley de situacin militar,en la que se especificaba que el Presidente nombrara personalmentea los comandantes generales de cada instituto armado, y que stos notenan necesariamente que retirarse despus de treinta y cinco aos deservicio activo (como lo sealaba la antigua ley). En base a estanueva ley Fujimori mantuvo el control del nombramiento de loscomandantes generales de los institutos armados, nombrando en cadacaso a una persona de confianza y mantenindole en esa posicin tantotiempo como quisiera32. Podemos decir, entonces, que durante elgobierno de Alberto Fujimori, se abandonaron los antiguos yrespetados mtodos de distribucin del poder dentro de las FuerzasArmadas a favor de un sistema de cooptacin. La consecuencia de ellofue el establecimiento de una sola argolla casi permanente dentrode las Fuerzas Armadas, que le permitieron al gobierno ejercer uncontrol permanente sobre estas ltimas. Sin embargo, tambin debemosdecir que esto destruy las lneas de subordinacin y cre una fuentepermanente de descontento dentro de la institucin y entre losoficiales retirados. Ms an, en la medida de que esta nuevaestructura no estuvo acompaada de la creacin de una estructuraparalela que limitara el poder de las Fuerzas Armadas, estosignific que los generales cooptados por el gobierno alcanzaran unaconsiderable autonoma en sus relaciones con el Presidente.Enfrentado con este problema, Fujimori trat de usar al Servicio deInteligencia Nacional como contrapeso al poder del ComandanteGeneral del Ejrcito y Presidente del Comando Conjunto de lasFuerzas Armadas33.Efectivamente, el papel del SIN fue, entre otros, el de crear unsistema devigilancia y delacin en todas las esferas de la actividad pblicao de las que interesaban al gobierno, propio de un Estadototalitario y policial, lo cual sirvi tambin para ejercer ciertotipo de control sobre las Fuerzas Armadas, principalmente sobre losaltos mandos castrenses.En sntesis, el gobierno de Alberto Fujimori estuvo caracterizadopor laintervencin de los militares en la poltica y por la activaparticipacin del Servicio de Inteligencia Nacional para vigilar ycontrolar las distintas esferas de la actividad pblica o de intersal gobierno, entre ellas las Fuerzas Armadas, lo cual produjo lacreacin de facciones dentro de los institutos armados, as como lapolitizacin y desprofesionalizacin de las institucionescastrenses34.8. Durante esta poca el gobierno hizo uso tambin de operativospsicosociales, con la finalidad de presentar para los errores delgobierno, y de distraer a la opinin pblica a travs de ladesinformacin35.32 OBANDO, E. El Per de Fujimori. 1990-1998. Lima: Universidaddel Pacfico. Centro de Investigacin, 2000, p. 365. 33 OBANDO, E.Ibid., p. 377. 34 ROSPIGLIOSI, F. Op. Cit., p. 143. 35
  • As, uno de los operativos psicosociales empleados fue el delcaso Vaticano, personaje que tena informacin directa que vinculabaa Vladimiro Montesinos con el narcotrfico y la corrupcin. Adems,conoca al detalle las acciones de las Fuerzas Armadas en la zonadel Huallaga y la poltica de sistemtica violacin de los derechoshumanos. Por ello, se aprob una ley especial para que el Vaticanono fuera juzgado en el fuero civil sino en el militar. Secometieron varias aberraciones jurdicas para juzgarlo y, al final,se le proces por terrorismo cuando slo era narcotraficante, ensuma, se logr silenciarlo36. 9. Este perodo estuvo marcado tambinpor una escasa, sino carente, independencia judicial y en elconstante del ejecutivo sobre los rganos de justicia, los cualesestaban vinculados a los nocivos incentivos y presiones delgobierno. ste llev adelante una serie de y en el denominado PoderJudicial y en otros rganos vinculados al servicio de justicia (comoel Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura,el Ministerio Pblico, la Academia de la Magistratura, etc.) que,aparentando una lucha contra la corrupcin y la flexibilidad de losjueces y fiscales frente a los casos de terrorismo, as como labsqueda de una aparente modernizacin, permitieron al gobiernocontrolar en la prctica las instancias de gobierno y/o dejurisdiccin de todos los rganos vinculados al sistema dejusticia.En el caso concreto del Poder Judicial, este control se realiz atravs de ladenominada Comisin Ejecutiva del Poder Judicial y de ladesignacin generalizadas y mayoritaria de jueces provisionales (querespondan a los intereses del gobierno al ser funcionarios cercanosal ejecutivo) en todos los niveles del servicio de justicia,incluyendo a los de la Corte Suprema de la Repblica. Estadependencia o control se vio reflejada tambin como lo demuestranlos en , conversaciones , recompensas y diversas formas de o decastigos.10. A todo lo expuesto se ana una prensa sumisa, ciega ycomprometida con el rgimen, as como por un contacto directo oindirecto simultneo entre el gobierno, el SIN, el Poder Judicial ylos medios de comunicacin37.En cierta medida esa sumisin de la prensa se debi a laimplementacin porparte del SIN y del gobierno de un sistema muy sutil depresiones, coacciones, manipulaciones y de agravios impunes contralos opositores al rgimen y contra periodistas independientes. Elhostigamiento se mostr ya sea mediante ataques fsicos, brevessecuestros, campaas de acoso en la prensa , espionaje telefnico yen la generacin de conflictos o litigios entre accionistas paraafectar judicialmente a la parte que se mostraba en contra delgobierno38.la difamacin de los principales representantes de la oposicin alrgimen. Informes publicados en medios de prensa opositoresrevelaron que estos diarios estaran financiados por elgobierno.>> (STUCCHI, S. y otro. Las campaas psico-socialesen el gobierno de Alberto Fujimori, artculo publicado en el PortalCorrupcin Per, revisin hecha en abril de 2004:http://stucchi.tripod.com/politica/psico.htm). 36 ARIAS QUINCOT, C.Op. Cit., p. 128. 37 FOWKS, J. Suma y resta de la realidad. Mediosde comunicacin y elecciones generales 2000 en el Per. FiedrichEbert Stiftung, p. 47 y siguientes. 38 Vid: FOWKS, J. Ibid., p.49.
  • En otra medida, ese compromiso o sumisin se logr con laadquisicin oconstitucin, a travs de testaferros, de medios de comunicacin(televisivos y escritos), con el propsito de oponer la prensapropia contra la ajena. Pero tambin se logr a travs de la compra deconciencia de los empresarios de varios medios de comunicacin,mediante considerables sumas de dinero, a cambio de una lnea ydiscurso periodstico sumiso al rgimen39.En conclusin, la realidad poltica peruana del ltimo quinquenio(1995-2000), evidenciaba que el orden en que se viva no slo distabamucho de ser un Estado de Derecho, sino que era una apariencia delegalidad donde imperaba el autoritarismo, la corrupcin, elsometimiento de las instituciones pblicas y de los medios decomunicacin, donde se vulneraban los derechos fundamentales y dondeel poder poltico apareca coludido con el narcotrfico, con gruposeconmicos y otros poderes ocultos en perjuicio de la cosa pblica ydel bienestar social.IV. LAS INTERPRETACIONES CULTURALES DE LA SOCIEDAD Y DELA POLTICA Aproximarnos a la realidad poltica peruana delquinquenio en estudio nos hapermitido verificar que el Per no vivi si es que no se vive anen un autntico Estado de Derecho; que la corrupcin (entendida comotoda forma de transgresin moral o jurdica, mediante la colaboracino control de la conciencia de otro, para obtener un provechoilcito) es parte de la causa y del efecto de esa crisis. Sinembargo, tal aproximacin no sera completa si no nos aproximamostambin a la sociedad y al hombre. Desde ese mbito debemospreguntarnos qu contribuy a que la sociedad peruana cayera en unade las peores crisis institucionales y morales que haya sufrido elpas. Debemos inquirir por qu no se avizor en su momento o, lo quees peor, por qu no se actu eficazmente para impedir el surgimientode la ilegalidad y de la corrupcin en formas y niveles tanalarmantes, generalizados, sistemticos y estructurales que llevarona la destruccin del Estado de Derecho. Una visin de lasinterpretaciones culturales de la sociedad y de la poltica peruanapuede otorgarnos algunas luces al respecto.GONZALO PORTOCARRERO, por ejemplo, al abordar el tema de latransgresin en el mundo criollo, da cuenta que con el sucedealgo paradjico, pues despierta valoraciones totalmente opuestas, yaque por un lado significa algo apreciado y querido como, por otro,algo extrao y repudiable. As, lo 39 En ese sentido, algunas de lasreuniones registradas en los llamados entre Vladimiro Montesinoscon propietarios de medios de comunicacin, en evidentes actos decorrupcin son las siguientes: (i) Reunin sostenida el 14/10/1998, yregistrada en los Videos N 1200-1201, con Jos Francisco Crousillat.Segn se aprecia en dicho video el empresario televisivo recibe deMontesinos la suma de 1 milln 857 mil nuevos soles para garantizarla lnea informativa del canal, en favor del rgimen fujimorista;(ii) Reunin sostenida el 14/09/1999, y registrada en el vides N1736, entre Vladimiro Montesinos y el entonces director del diarioExpreso, Eduardo Calmell del Solar. En dicho video se aprecia aVladimiro Montesinos entregando a Calmell del Solar 500 mil dlarespara el afianzamiento patrimonial del mismo en dicho diario;asimismo, coordinan las acciones en contra de los candidatos de laoposicin. Estos Videos fueron exhibidos en el Congreso de laRepblica del Per y su referencia fue publicada en el sitio»Palestra del Estado» (Per) que pertenece a la PontificiaUniversidad Catlica del Per (octubre 2001):http://palestra.pucp.edu.pe/index.php3?file=documentos/videos.htm
  • criollo se asocia con la alegra, el ingenio y el humor,resultando para los peruanos, lo propio, lo entraable, lo que nosidentifica y nos asocia. No obstante, para esos mismos peruanos locriollo es tambin sinnimo de repudiable, de lo abyecto, de aquelloque debe ser rechazado si uno quiere pasar por una persona seria yrespetada40. 41 Es claro que estas valoraciones resultan de unpasado colonial que est an demasiado presente. De un conflicto queno termina de resolverse y en cuya raz convergen la imposicincolonial y la resistencia criolla. Sucede que si la metrpolidesvaloriz todo lo nativo, concibindolo como una copia de segundaclase, consiguiendo, adems, que los propios nativos absorvieranesta imagen como fundamento de su ser, ocurre de otro lado queellos mismos lograron defenderse y preservar una autoestima entorno a la imagen de ser ms gozadores, cariosos y libres que loscolonizadores. 42 Siguiendo con GONZALO PORTOCARRERO, latransgresin presenta antecedentes en la propia sociedadcolonizadora, en el debilitamiento del poder moral de la autoridadreal y, de otro lado, en la propia religin indulgente hacia laculpa; puntos que se patentizan en las figuras del pcaro y de DonJuan. Esta transgresin se generaliza en el mundo criollo y sevuelve ms radical, continuando luego en el mundo republicano hastaconvertirse en una definicin del modo de ser criollo43. 44Tenemos entonces la imagen de un cosmos donde la diosa fortunareina sincontrapeso, donde la transgresin se tolera o se promueve,implicando un debilitamiento general del orden y de la legalidad.Esta forma de ver las cosas, que se 40 PORTOCARRERO, G. Latransgresin como forma especfica de goce del mundo criollo, p. 1.En: Materiales de Enseanza del Seminario de Ciencia Poltica de laMaestra en Derecho con Mencin en Derecho Constitucional de laPontificia Universidad Catlica del Per. Lima: PUC, 2001-2. 41PORTOCARRERO, G. Ibid. 42 PORTOCARRERO, G. Ibid. 43 Ibid., p. 3. 44Ibid., p. 17.
  • va acentuando en la sociedad peruana a lo largo del tiempo hastala actualidad, habra generado las condiciones para que la desviacino transgresin de la legalidad dejaran de ser excepcionales y seconvirtieran en una regla, en un comportamiento institucionalizadoen la sociedad. En esa lnea, la corrupcin y el abuso con losdbiles, se convierten en hechos , aceptados como naturales einevitables por la mayor parte de la gente, con el consiguientedesprestigio de la autoridad, el orden, la justicia y la legalidad.De esta manera se desarrolla una tolerancia con la transgresin quesocava el orden moral y dificulta cualquier proyecto comn en lamedida que fomenta un individualismo exacerbado que dificulta lasolidaridad colectiva. Se dice: 45.Dentro de ese panorama, y ante el de la corrupcingeneralizada que infect la realidad poltica peruana del ltimoquinquenio, no parece extrao escuchar las tesis que la propia genteesgrimi para explicarla y que reproducimos a continuacin46:i) . Esta es, desde luego, la tesis de los corruptos.ii) . Esta es la tesis del espectador. A ella le faltaprofundidad y una reflexin autocrtica.iii) . Pero pese a esa diferencia cuantitativa hay una afinidadentre ambos hechos, una cierta complicidad.Dentro de este panorama, el culto a la transgresin y ladebilidad de la ley sepresentan como manifestaciones socio-culturales de la realidadperuana y, por consiguiente como fuente generadora de corrupcindesde la propia y sociedad: 47.Una aproximacin complementaria a este panorama nos la presentaARIASQUINCOT con su referencia a la aparicin de la o del , que no esotra cosa que la cultura de supervivencia, donde impera la ley dela selva y donde no hay espacio para los escrpulos48. En esalgica45 PORTOCARRERO, G. Ibid., p. 17. 46 Tesis extradas de:PORTOCARRERO, G. Ibid. 47 PORTOCARRERO, G. Ibid. 48 En el Per,sobre todo en ciudades como Lima, la capital, se conoce como a unvehculo pequeo de transporte de pasajeros, aproximadamente para 12personas; por lo tanto, tcnicamente no es un vehculo idneo para eltransporte pblico, aunque en la prctica se utilice tambin con estafinalidad. En los hechos muchos de sus conductores suelendesconocer las reglas de trnsito, de provocar no pocos accidentes yde ser informales; es decir, conducen, trabajan en una . Noobstante, el uso de las ha sido una fuente de ingresos y de trabajoque ha permitido paliar en algo los problemas de desempleo quesufre la ciudad. Son parte de la problemtica del transporte que losdistintos gobiernos intentan solucionar.
  • el respeto por la legalidad o por el derecho de otros deja detener utilidad; es ms, dentro de ella por ejemplo no pagarimpuestos aparece como una viveza que implica 49.Esta surge como consecuencia del crecimientogigantesco de Lima principalmente en las dos ltimas dcadas, dela gran desurbanizacin que desarraiga, del empobrecimiento general,del estancamiento econmico y crecimiento poblacional, de un pas enviolencia que sufre la quiebra o colapso de sus instituciones, ascomo de la aparicin y surgimiento de los informales como nuevafuerza econmica y social quienes tambin podan . Todo esto gener ladegradacin de los valores morales y, en consecuencia, laconsolidacin de una donde la transgresin e informalidad aparecencomo mecanismos de supervivencia, sin que puedan existir espaciospara los escrpulos.Dentro de esta no aparecen como condenables la violacin delapalabra empeada, el quebrantamiento de las leyes, ni mucho menosel envo de la Constitucin al tacho de los desperdicios. En ellaresulta representativa la mxima: . Todo se justifica, todo seaprueba con tal de y , sin importar que los medios sean ilcitos oinmorales.Con ese escenario, la aparicin y desarrollo sistemtico ygeneralizado de lacorrupcin, aparecen como una consecuencia ms que probable. Abonatambin a este escenario, la ausencia en la sociedad peruana deunacapacidad de indignacin, que no es otra cosa que la consecuenciade la mentalidad autoritaria que la domina. No reaccionasistemticamente frente al abuso, la discriminacin y las diferentesformas de sometimiento o dominacin que provienen de losdetentadores del poder. Cree que su actuar autoritario es parte delo que se requiere para mantener el orden, la el desarrollo.Siguiendo a GUILLERMO NUGENT, ello se debe a que: 50 Tambin hacontribuido al surgimiento de este panorama lo que se ha venido encalificar como en el mundo globalizado, incluyendo tambin a lasociedad peruana. Este no es otra cosa que un o excluyente yarbitrario, que recusa y combate las relaciones con los otros. Elnarcisista es un o localista a ultranza que se opone a ladiversidad de opiniones y a las redescripciones de la realidad. lve en la supresin de o , la condicin de su propia supervivencia. Setrata pues de un sentimiento que se resiste a toda forma de49 ARIAS QUINCOT, C. Op. cit., p. 133. La expresin es unaexpresin criolla que significa: . 50 NUGENT, G. Alegrasinconstantes. Sobre individualismo y globalizacin. En: Cultura yGlobalizacin. Lima: Pontificia Universidad Catlica del Per y otros,1999, p. 353.
  • solidaridad o de aprecio por los otros que puede generar,inclusive, violencia, , xenofobia y otras formas defundamentalismos.El se expresa tambin como un puro, desprovisto de valoressociales y morales, donde la esfera privada se encuentra emancipadade cualquier marco trascendental, encontrndose expuesta nicamente alos deseos cambiantes de los individuos51.Esta visin ocasiona, entonces, la negacin de toda forma desolidaridad o de inters por el bienestar del . Slo se actuara afavor de los dems en la medida de que se considere que eso redundara favor del inters personal. Esta perspectiva puede llevar, porejemplo, a que una persona piense que no tiene por qu luchar oprotestar contra el sometimiento de la prensa o del Poder Judicialpor parte del poder poltico, por considerar que esas sonsituaciones que slo afectan a los o a la clase poltica que estformada en su mayor parte por . Igualmente, desde esa visin unapersona puede considerar que no tiene por qu contribuir a lucharcontra el analfabetismo o el desempleo por creer que ese es unproblema que slo afecta a los .Dentro de ese marco, constituyen expresiones de la sociedadperuana en la ltima dcada, la aparicin de una novsima elite deempresarios y tecncratas que desprecia la cultura, el intelecto,las tradiciones y, en general, el humanismo y el respeto por lasformas. Tambin es una expresin del en esta poca de la realidadperuana, la creencia inspirada en el neoliberalismo, segn la cual,todo se subordina a lo econmico. Lo econmico aparece as como lo msimportante al punto de que se considera que no se necesita dejuristas ni de analistas en temas sociales y polticos.El aparece, tambin, como uno de los factores de la inerciay de la inmovilidad social. Sin embargo, puede ayudarnos acomprender por qu no contamos an con una sociedad civiladecuadamente organizada que represente los diversos sectores eintereses de la sociedad. Puede ayudarnos a entender por qu en elPer antes de la aparicin de los grandes sectores de la sociedadpermanecieron inertes frente a un gobierno que promova o actuaba enbase a la ilegalidad, la corrupcin y el sometimiento de lasinstituciones pblicas. Adems, debe mencionarse como elementoimportante de la cultura y de la poltica de la sociedad peruana, laausencia o debilidad de valores democrticos. Esos valores sonfrgiles o inexistentes en amplios estratos de la poblacin, la cualoscila pendularmente entre apoyar a la democracia y respaldar a lasdictaduras. Muestra de ello es que el autogolpe perpetrado por elpresidente Fujimori el 5 de abril de 1992, que termin con lademocracia y permiti la instalacin de un rgimen dictatorial, fueextensamente aprobado en todos los estratos de la sociedad, desdelos ms ricos a los ms pobres. Ocho aos despus, la inmensa mayorarechazaba a esa dictadura y exiga vigorosamente el retorno a lademocracia52.51 LIPOVETSKY, G. La era del vaco Ensayos sobre elindividualismo contemporneo. Traduccin de Joan Vinyoli y otro.Barcelona: Editorial Anagrama, p. 50. 52 ROSPIGLIOSI, F. Lasfuerzas armadas y la democracia La necesidad del control civil delas instituciones castrenses Lima: APRODEH, 2001, p. 30-31.
  • Este fenmeno demuestra que en la sociedad peruana existe unaconcepcinutilitaria y no valorativa de la democracia. Cuando las cosasvan mal en dictadura sobre todo en la economa, la gente exigedemocracia. Pero cuando las cosas no parecen marchar en democracia,muchos esperan a . Por ello, compartimos la afirmacin de FERNANDOROSPIGLIOSI de que para romper este crculo vicioso se requiere,entre otras cosas, de la extensin de valores democrticos en lasociedad y en las lites. Ello implica que tanto los partidospolticos como los empresarios, deben abandonar la malsana costumbrede tocar las puertas de los cuarteles cuando creen que susintereses no estn adecuadamente representados en el rgimenexistente53. En sntesis, estas interpretaciones culturales de lasociedad y de la poltica peruana nos permiten identificar aquelloque contribuy a la generacin de una de las peores crisisinstitucionales y morales de su historia. Nos permiten explicar porqu no se avizor en su momento la construccin de un imperio de lailegalidad y la corrupcin; y, lo que es peor, por qu no se actueficaz y conjuntamente para impedir la destruccin del Estado deDerecho.Aunque sea doloroso admitirlo, estas interpretaciones culturalesde la sociedad y de la poltica del Per, nos permiten concluir quela sociedad peruana, como consecuencia de sus , de su cosmovisin,de su desintegracin y de su ausencia o debilidad de valores, hasido una de las causantes de la destruccin del Estado de Derecho y,por consiguiente, una de las responsables de su perjuicio. V. LALEGISLACIN DESINSTITUCIONALIZADORA Y LACORRUPCIN DEL PODER JUDICIAL EN EL PER Si bien lascaractersticas de la sociedad peruana contribuyeron a la crisis dela institucionalidad democrtica y del Estado de Derecho, tambin lofue la corrupcin normativa creada por el rgimen de AlbertoFujimori. Efectivamente, sta se produjo con la emisin de una seriede leyes, y otros dispositivos legislativos, de alta nocividadsocial, con la particularidad, subrepticia o manifiesta, de vaciarde contenido la institucionalidad democrtica y transgredir loslmites que impone el Estado de Derecho, todo ello con la nicafinalidad de satisfacer intereses particulares o de gobierno.Esta corrupcin normativa no slo se dio por la ilicitud en el usoo laaplicacin desviada de las normas ya dadas, sino tambin por lailegitimidad normativa con que se gest y formularon las mismas. Enefecto, la corrupcin normativa no slo se queda en la ilicitud, esdecir, la contravencin o quebrantamiento de las normas dadas sinoque llega a la ilegitimidad en la generacin de las normas legales.Hay pues un uso y abuso del poder pblico o normativo para obtenerun provecho personal o ilcito. En ese sentido, es corrupta laemisin de normas con en favor de intereses particulares oilcitos.53 Ibid., p. 31.
  • Es el caso, por ejemplo, de las y que el gobierno de Fujimoriimplement en el Poder Judicial y en otros rganos vinculados alservicio de justicia (como el Tribunal Constitucional, el ConsejoNacional de la Magistratura, el Ministerio Pblico, la Academia dela Magistratura, etc.) bajo la apariencia de una lucha contra lacorrupcin, la flexibilidad de los jueces y fiscales frente a loscasos de terrorismo, y una aparente modernizacin, que, en laprctica le permitieron controlar las instancias de gobierno y/o dejurisdiccin de todos los rganos vinculados al sistema de justicia.Desgraciadamente el Per fue vctima de esta corrupcin normativadesinstitucionalizadora, pues desde 1992 el Congreso y el Ejecutivo(este ltimo con facultades delegadas por el primero para legislar)emitieron un conjunto de leyes y disposiciones de reformainstitucional (como el caso del Poder Judicial y del MinisterioPblico) supuestamente justificadas y de beneficio tanto para lasinstituciones materia de legislacin as como para la sociedad en suconjunto. Sin embargo, todo el paquete de leyes responda a unobjetivo particular: asegurar la permanencia en el poder del grupogobernante, es decir, del presidente Alberto Fujimori y de suentorno. Sobre el particular, el prestigioso decano de la prensanacional: el diario El Comercio, en su editorial del 28 de agostode 1998 consider que: 54. Es ms, la maquinaria normativo-legaldesinstitucionalizadora por intereses particulares, no se qued enla afectacin de los mbitos institucionales especficos, sino queviol la norma fundamental del , es decir, de la institucin centraldel pas: la Constitucin. El mismo diario El Comercio en unimportante anlisis de diciembre de 1997 puso en evidencia elcarcter inconstitucional de muchas leyes enumerndolas bajo el ttulode advirtiendo previamente que: 55. Las leyes y normas querespondan al inters particular de mantener en el poder algobernante de turno y a su grupo, y que fueron enumeradas por elComercio en aquella ocasin, fueron las siguientes56:i) Resolucin Legislativa que destituye a tres magistrados delTribunal Constitucional;54 Tomado de: OLIVERA PRADO, M. Relaciones Peligrosas.Legislacin desinstitucionalizadora y corrupcin en el Per. Lima:Instituto de Defensa Legal, 1999, p. 18. 55 Tomado de: OLIVERAPRADO, M. Ibid. 56 Ibid., p. 19.
  • ii) Modificacin de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico con lacual le restan facultades al Fiscal de la Nacin en favor de lapresidenta de la Comisin Ejecutiva del Ministerio Pblico;iii) Ley de Interpretacin Autntica del artculo 112 de laConstitucin, para permitir la segunda reeleccin del presidenteAlberto Fujimori, la misma que no se encontraba permitida por laConstitucin;iv) Ley que establece como requisito para realizar un referndumla aprobacin de 48 congresistas, con lo cual se eliminaba en laprctica la posibilidad de acceder a ese mecanismo de participacinpoltica, pues la oposicin no contaba con ese nmero decongresistas;v) Ley que transfiere la administracin de los parques zonales alos Municipios Distritales en perjuicio de los ConcejosProvinciales;vi) Ley de Habilitaciones Urbanas; vii) Ley que homologa entodos sus derechos y prerrogativas a jueces yfiscales provisionales a la sazn nombrados por el rgimen por serpersonas cercanas al gobierno con los magistrados titulares. Deesta manera se reforzaba el control que ejerca el rgimen sobre esosrganos del servicio de justicia, en especial sobre la Corte Supremay la Junta de Fiscales Supremos, integrados, en su mayora, pormagistrados provisionales o cercanos al gobierno.viii) Prrroga sucesiva del plazo de intervencin de lasuniversidades pblicas del pas.ix) Norma que posibilita la recomposicin del Jurado Nacional deElecciones, etc.Todos estos dispositivos legales tenan un hilo conductor:mantener el poderabsoluto del gobierno y de su entorno y allanar el camino parala re-reeleccin del mandatario presidencial. El costo: ladestruccin del Estado de Derecho y de la institucionalidaddemocrtica.En el caso especfico del Poder Judicial, no es un secreto que enel Perexisti si es que no existe todava una escasa del Poder Judicialy un constante del ejecutivo sobre los jueces y tribunales. En laltima dcada esta dependencia respecto al poder poltico se produjomediante el nombramiento para los cargos judiciales a personascercanas al gobierno, y/o cuando a travs de , conversaciones ,promesas de recompensas o de castigos, se ejercieron presionessobre la tarea judicial.Pasando revista al perodo en estudio de la historia peruana y alos aos prximos que lo antecedieron, podemos encontrar una serie denormas desinstitucionalizadoras que han fomentado o permitido lacorrupcin del Poder Judicial en el Per y su sometimiento al poderpoltico de turno. Algunas de estas normas son las siguientes:i) Los Decretos Leyes 25423 y 25442 (de abril de 1992), mediantelos cuales se ces a ms de 13 Vocales de la Corte Suprema deJusticia de la Repblica;ii) El Decreto Ley 25446 (de abril de 1992), a travs del cual seces a un importante nmero de Vocales Superiores, Jueces y FiscalesProvinciales de los distritos judiciales de Lima y Callao;
  • iii) Los Decretos Leyes 25447 y 25454 (abril de 1992) mediantelos cuales se nombraron a Vocales Provisionales de la Corte Supremay se seal que no rega para ellos los requisitos relativos a laedad, al tiempo de servicio en la magistratura, la abogaca o lactedra universitaria. Se seal, adems, que no proceda la accin deamparo para impugnar los efectos de los Decretos Leyes que cesarona los Magistrados, Jueces y Fiscales;iv) Decreto Ley 25455 (de abril de 1992), mediante el cual seconform y estructur transitoriamente la Corte Suprema y se fij elprocedimiento para la eleccin de Vocales Superiores y de los cargosjudiciales en los Juzgados Especializados o Mixtos y de PazLetrados.v) Ley No. 26546 (de noviembre de 1995), mediante la cual se crela Comisin Ejecutiva del Poder Judicial, con funciones de gobiernoy de gestin del Poder Judicial.vi) Resolucin 283-96-CME-PJ (diciembre de 1996), con la que seprecis que los magistrados provisionales no gozan del derechoconstitucional de inamovilidad en sus cargos, con lo cual podan serrotados.vii) Resolucin 307-96-CME, con la cual se facult a losPresidentes de las Cortes Superiores a llevar a cabo el proceso derotacin de Magistrados de los Juzgados Especializados, Mixtos y dePaz Letrados;Toda esta legislacin desinstitucionalizadora permiti que elgobierno deAlberto Fujimori tuviera un absoluto control sobre las esferasde gestin y de jurisdiccin del Poder Judicial, incluyendo la CorteSuprema. Ese control permiti, por ejemplo, que se removieran y sesustituyeran a jueces en procesos en trmite, conforme a los intersdel gobierno, que se usara a los rganos jurisdiccionales paraafectar judicialmente a las personas opositoras al rgimen; que loscasos que interesaban a ste sean resueltos mediante sentenciaselaboradas en el Servicio de Inteligencia (SIN); que se sancionarao se separara a los jueces que luchaban por mantener la legalidad ysu independencia (caso de las juezas Greta Minaya y Saquicuray). Ensuma, esta corrupcin normativa quebrant la institucionalidad delPoder Judicial y, por consiguiente, el Estado de Derecho.Pero, qu factores posibilitaron la corrupcin normativa quedesinstitucionaliz al Per? Siguiendo a OLIVERA PRADO podemos darvarias luces al respecto57:En primer lugar, la existencia de un poder infiscalizado,inherente ay a formas de gobierno autoritarios; entendiendo por poderinfiscalizado: i) la ausencia de mecanismos de participacin de lapoblacin o de las colectividades en el control y fiscalizacin de lagestin del poder normativo, del poder administrativo y de susorganizaciones; ii) la inaccin y/o complicidad de las entidades yrganos fiscalizadores y de control; iii) la ausencia de rendicionesde cuentas peridicas y pblicas por parte de funcionarios ydirectivos, etc.57 Ibid., p. 20-21.
  • El poder infiscalizado en el caso del Per se increment en elltimo quinquenio (1995-2000) por que el Congreso, con aplastantemayora gubernamental y sin concesiones a la minora, no intentbuscar, ni tmidamente, el equilibrio de poderes, ni fiscaliz elpoder normativo que deleg en varias oportunidades al Ejecutivo ymenos se autofiscaliz en su propia funcin legisladora por suscompromisos con el Ejecutivo.Tambin fue un coadyuvante a la corrupcin normativa el diseo deunaflatado neomaquiavelismo poltico que dirigi todo el tingladodesinstitucionalizador. Este neomaquiavelismo poltico se presentacomo una nueva concepcin de lo que se ha venido llamandomaquiavelismo poltico; donde ya no slo el fin (normalmente lcito)justifica los medios (aunque sean ilcitos) sino que un fin ilcitoy/o ilegtimo es justificado y disfrazado con medios legales yaparentemente institucionales58.La corrupcin normativa de alta nocividad social vaneomaquiavelismopoltico lleg a reemplazar en el Per especialmente en el ltimoquinquenio la institucionalidad democrtica por una pseudodemocracia, donde formalmente existan las institucionesdemocrticas, pero se encontraban vacas totalmente de contenido yestaban controladas por el poder poltico de turno. El resultado fueque no hubo equilibrio de poderes; no hubo autonoma del PoderJudicial ni del Ministerio Pblico; el Parlamento no cumpli con sufuncin fiscalizadora, la Contralora de la Repblica no ejerci acabalidad sus funciones; no hubo participacin de la poblacin en lasdecisiones nacionales ni en la formulacin de las leyes. En sntesis,vivamos en una democracia teatral y en una parodia de Estado deDerecho especialmente maquillados para el exterior. VI. BIBLIOGRAFAANSUTEGUI, FRANCISCO J. Las definiciones del Estado de Derecho ylos derechos fundamentales, en: Sistema, N 158, Madrid, setiembre2000.ARIAS QUINCOT, CSAR. Per: Entre la utopa y el cinismo. La eternapugna entre Maquiavelo y Toms Moro. Lima: Fundacin Fiedrich Ebert,1996. CASTRO, MARTN. Reforma Judicial en el Per en el contexto dela transicin democrtica. Presentador del caso peruano, a nombre dela Comisin Andina de Juristas, en el II Foro temtico Regional sobreGobernabilidad para el Empoderamiento de los Pobres. 30 de octubre- 1 de noviembre de 2002. Publicado en el Portal del Banco Mundial:www.bancomundial.org/foros/sdadcivil/web/peru.htm. DAZ, ELAS.Estado de Derecho y sociedad democrtica. Madrid: Taurus, 1998, p.44). FARIAS, M JOS y Otro. Sistemas jurdicos y elementos para unanlisis sociolgico. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid BoletnOficial del Estado, 1996.58 OLIVERA PRADO, M. Ibid.
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